Ocho años de austeridad financiera impuesta por la Ley Montoro, que ha frenado el nuevo endeudamiento y ha priorizado la amortización, han situado la deuda del Consell en mínimos históricos. El proyecto de presupuestos de la máxima institución insular para el año 2020 sitúa la deuda en 17,7 millones de euros, el nivel más bajo al menos desde el año 2004, y refleja cómo el pasivo se ha reducido drásticamente, un 67 por ciento, desde el año 2014, el ejercicio en que se presupuestó el calendario de pagos por la sentencia del caso Cesgarden y en que se marcó el récord histórico de deuda con más de 53 millones de euros.
La llamativa reducción de la deuda se ha producido en unos años en que, si bien no se han contratado nuevos créditos bancarios (el último para realizar inversiones se firmó en el año 2012), las cargas financieras de la institución se han disparado por culpa de dos sentencias urbanísticas, Cesgarden y Princesa Son Bou. Para entender el peso de la carga de esas indemnizaciones cabe teorizar sobre cuál sería el nivel de deuda del Consell insular si no se hubiera visto obligado a compensar a promotoras urbanísticas por la aprobación del PTI en el año 2003.
De los 17,7 millones de la deuda actual del Consell, 16,6 corresponden a los créditos que hay que devolver tras liquidar por la vía bancaria las obligaciones judiciales con Cesgarden y Princesa Son Bou. Visto de otra forma. Sin esas dos sentencias en estos momentos el Consell tendría un nivel de endeudamiento prácticamente anecdótico para una institución que gestiona cerca de cien millones de euros. Debería tan solo 1,1 millones.
No solo el nivel de endeudamiento ha bajado a niveles históricos, también el llamado índice de carga financiera, la cantidad que se destina a pagar amortizaciones e intereses. En el año 2020, el Consell destinará 3,2 millones al capítulo de gastos en pasivos financieros, un 27,5 por ciento menos que en 2019. De hecho hay que remontarse al año 2009 para encontrar un esfuerzo financiero menor. En el capítulo de intereses también se observa una reducción drástica, casi del 77 por ciento. De los 668.372 euros de 2019 a los 154.210 euros de 2020. En global, la carga financiera por habitante ha pasado de 62,56 euros a 36,56 euros. ¿Por qué? Por el acuerdo alcanzado con tres entidades bancarias (Banco Sabadell, Caixa Colonya y Caixa d'Enginyers) para pagar de golpe las indemnizaciones que se gravaban a un tipo de interés del tres por ciento, en el caso de Cesgarden, y pasar a pagar créditos que se mueven entre el 0,04 y el 0,05 por ciento de interés.
Esta saneada situación ha llevado a los actuales responsables del Consell a presupuestar por primera vez en ocho años un nuevo crédito bancario para inversiones. Son 1,9 millones de euros que han ayudado a cuadrar el presupuesto, pero que la máxima institución tiene la intención de no hacer efectivos si no es estrictamente necesario para satisfacer los compromisos inversores. Con todo, ese nuevo endeudamiento –si finalmente se formaliza– hará que el ritmo de reducción de la deuda se frene. Si no se contratara ese préstamo, al finalizar el año 2020 la deuda del Consell se situaría en los 14,5 millones. En cambio, si se firma, se elevaría hasta los 16,4 millones de euros. Sobre las expectativas de evolución de la deuda en la próxima década planea un nuevo fantasma en forma de sentencia urbanística, la del parque acuático de Biniancolla, que puede volver a disparar la deuda.
Bon Govern !!!