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El nuevo parque fotovoltaico de Son Salomó estará en marcha en 15 meses

La reducción de superficie obliga a la promotora a utilizar paneles más eficientes y a redactar otro proyecto adaptado a las nuevas condiciones

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Las obras de ampliación de la planta fotovoltaica de Son Salomó comenzarán después del verano. El calendario sobre el que trabaja Ceconat es la entrada en funcionamiento de los 49,8 MWh de potencia en el segundo trimestre de 2021, según expone Luis Renedo, representante de la promotora.

Una vez desaparecido el escollo más importante del tortuoso camino recorrido durante los últimos siete años, se despeja el panorama para ejecutar un proyecto valorado en 40 millones de euros. Inicialmente la cantidad manejada era superior, en torno a 50 millones, pero la merma final del suelo para el parque, ha reducido también la inversión.

El presupuesto incluye la subvención otorgada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), son 7,2 millones obtenidos en la subasta de diciembre que condicionan a la promotora a tener la instalación en marcha antes de 2022.

Ceconat mantiene los parámetros de producción incluidos en el proyecto original de la ampliación, pero no está segura de alcanzarlos. Desde que comenzaron las negociaciones, dirigidas por la Sociedad Martí i Bella a reducir el espacio cubierto de placas en una zona culturalmente sensible, la empresa siempre ha argumentado que tal vez no alcance la producción prevista.

Las 68 hectáreas de ampliación son brutas, lo que significa que el aprovechamiento neto apenas superará las 50, según estimaciones de la empresa. No obstante, con el fin de salvar el incoveniente que suponen las paredes secas para la infraestructura de la planta, el acuerdo suscrito ayer admite una rebaja de la parte superior de las paredes interiores que separan las tanques que forman parte de la infraestructura energética. Esa rebaja será de unos 50 centímetros y permitirá que las ‘mesas' de placas fotovoltaicas puedan cruzar de una tanca a otra y de ese modo maximizar la superficie final autorizada.

El acuerdo advierte que en ningún caso podrán suprimirse las paredes o dejarlas a ras de suelo, han de mantener una altura mínima de entre 30 y 40 centímetros, según se especifica en el acuerdo. De hecho, forman parte de los bienes patrimoniales de la zona que paralelamente han de ser rehabilitados y adaptados para las visitas públicas.

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