El coordinador de la plataforma Menorca per la Convivència, Oriol Radalga Peig, que fue quien firmó con este cargo la solicitud ingresada en la Dirección Insular del Estado para la manifestación denominada Menorca marxa per la llibertat, el pasado 27 de octubre, ha sido denunciado por la Guardia Civil como responsable de una infracción «muy grave» en la concentración que cortó parcialmente el tráfico de la carretera general, entre Alaior y Maó. La cuantía de la multa oscila entre los 30.001 y los 600.000 euros.
El joven estudiante puso su firma en la petición, y por tanto, es sobre quien recae la responsabilidad del acto, aunque la convocatoria se difundió en redes sociales sin que apareciera ninguna plataforma ni persona física concreta que la organizara.
El Instituto Armado ha cursado la denuncia administrativa a la Dirección Insular del Estado pero al considerarse una falta muy grave, es la Delegación del Gobierno en Balears la que ha nombrado al instructor para que incoe el expediente. Este valorará las alegaciones del sancionado, antes de resolverlo y determinar la cuantía de la elevada multa, según el baremo de la Ley de Seguridad Ciudanana 4/2015.
La manifestación convocada en contra de la sentencia del procés fue autorizada por la directora insular de la AGE en Menorca pese a que se presentó fuera de plazo, solo tres días antes, atendiendo a las causas que se esgrimieron en la petición.
La marcha, en la que participaron unas 200 personas, entre ellas la diputada de Més per Menorca, Patricia Font, y el entonces candidato a senador por el mismo partido, Eduard Riudavets, además de otros concejales de formaciones de izquierda, debía cumplir las indicaciones manifiestas en la autorización. El grupo tenía permitido caminar por uno de los arcenes para salvaguardar su propia seguridad y no perjudicar a los usuarios, pero lo hizo invadiendo el carril de dirección a Maó, en parte para poder desplegar sus pancartas. Concurrieron, además, menores de edad sin la protección adecuada, ya que no llevaban chalecos reflectantes.
A la altura del puente de Rafal Rubí, los manifestantes cortaron el tráfico realizando una sentada durante 10 minutos. Antes de que tuviera que intervenir la Guardia Civil se levantaron y prosiguieron su marcha sin incidentes, aunque sí provocaron importantes retenciones en el tráfico en los 11 kilómetros del recorrido. Los guardias de Tráfico que custodiaban la caminata por delante y por detrás desviaron a decenas de vehículos por las carreteras alternativas, la Me-7, Me-12, la del Aeropuerto o el Camí d'en Kane, a medida que avanzaba la marcha, y recogieron quejas de ocupantes por el retraso obligado que sufrieron.
Una de las participantes en la marcha que leyó el manifiesto, Aurora Brullet, declaró a este diario que la decisión de invadir el carril fue personal después de que hubiera conversaciones entre los manifestantes antes de iniciar la caminata en Alaior.
La conducta contra la seguridad ciudadana no está tipificada como delito aunque sí atenta contra ella al referirse a «infraestructuras e instalaciones que prestan servicios básicos a la Comunidad y los actos de intrusión de éstas», señala la ley.
200 euros, multa de Tráfico
El mismo Oriol Radalga también ha sido sancionado directamente por la Guardia Civil de Tráfico con una multa de 200 euros, por la obstrucción de la circulación durante el recorrido y no respetar sus normas.