La crisis sanitaria tiene múltiples derivadas en todos los sectores y el inmobiliario no es una excepción. El confinamiento domiciliario ha provocado que se frenen en seco las operaciones de compraventa (en marzo del año pasado se firmaron 136) y de nuevos alquileres, abocando a los agentes de la propiedad inmobiliaria a una carestía total de ingresos y al temor de que tras el estado de alarma los efectos económicos haga reaparecer el fantasma de la crisis de 2008.
Bonnin Sanso tiene seis oficinas y 36 personas trabajando, ahora desde casa y en contacto con los clientes. Su presidente, Juan Torres, explica que existe «mucha preocupación y no tenemos ningún ingreso, capeamos el temporal como podemos». No queda otra en la situación actual, en la que los clientes se exponen a multas de 600 euros por ir a ver una vivienda. Sobre el futuro tras el estado de alarma reconoce que hay cierto pesimismo, pero asegura que «necesitamos ser optimistas». «Confiamos en dos colectivos, la gente joven que se compra primeras viviendas y la de cierta edad que compra segundas residencias».
Ante este golpe que está sufriendo la sociedad, explica, hay dos reacciones. «Una de ellas es que cuando esto pase habrá más ganas de disfrutar de la vida». Admite que hay vendedores muy preocupados que ya contemplan bajar precios. «Las crisis y las guerras también son épocas de oportunidades y habrá gente que sepa encontrar mejores precios».
No es tan optimista Luis Armengol, de Fincas Armengol. Asegura que la actividad está «parada totalmente» y que la incertidumbre es total porque «nadie sabe si su empresa o para la que trabaja va a cerrar». En el horizonte ve grandes nubarrones negros: «Pinta muy mal. Se va a producir un efecto como el de 2008 pero duplicado porque el que tiene liquidez se va a esperar. La recesión será mucho más dura. Ojo que no estemos ante una nueva oleada de impagos. Es una situación sin precedentes que nadie había vivido, ni nuestros padres». Da por seguro que se va a producir una bajada de precios generalizada y sostiene que los propietarios que no lo hagan «se van a equivocar».
La más optimista es Isabel Petrus, directora de Casas en Menorca, con 16 trabajadoras a su cargo. Reconoce que en la situación actual «se ha suspendido la actividad», más allá del asesoramiento y la ayuda a los clientes para prorrogar contratos porque no se pueden firmar nuevos. Mirando al futuro, sin dejar de reconocer que «pagaremos las consecuencias» y que «vienen tiempos muy complicados», asegura que «estoy convencida de que saldremos adelante».
«Menorca volverá a ser un destino deseado tanto en lo turístico, como en lo inmobiliario. Aunque heridos, saldremos adelante». No es una previsión a largo plazo y defiende que el año que viene puede volver a la normalidad. Es consciente de que muchos ciudadanos perderán su empleo, pero también que otros muchos no.