Llevan años apretándose el cinturón y consideran que ha llegado el momento de gastar lo ahorrado para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los ayuntamientos menorquines defienden con una sola voz la necesidad de que el Gobierno cambie la regla de gasto y autorice el uso sin penalización de los remanentes de tesorería para poder invertirlos no solo estrictamente en medidas del ámbito social o a través del complicado sistema de las inversiones financieramente sostenibles, sino también en cualquier otra iniciativa para volver a poner el tren económico en marcha tras el brusco frenazo que la lucha contra la curva de contagios ha impuesto.
Entre el Consell y los ocho consistorios se estima que acumulan aproximadamente 75 millones de euros en caja, un dinero que sería muy útil para aprobar medidas de apoyo a empresas y familias. Quieren gastar lo que tienen ahorrado y quieren hacerlo ellos. No quieren ni oír hablar de la posibilidad de que sea el Gobierno quien se haga con ese dinero y lo distribuya, como temen muchos alcaldes después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciase que busca fórmulas para «movilizar» los remanentes de tesorería de las corporaciones locales, las que más han cumplido con los corsés que impuso la crisis económica.
Ni hablar
El domingo, tras la reunión de presidentes autonómicos con Montero, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya avisaba de que «los remanentes deben ser liberados para que los usen los municipios». Aunque no hay ninguna comunicación oficial del Gobierno en sentido contrario, la mera posibilidad apuntada ya suscita un fuerte rechazo entre los alcaldes de todo color político. Comparten grupo de Whatsapp con primeros ediles del resto de Balears y la insinuación de Montero en medios canarios ha levantado ampollas.
El alcalde de Maó, el socialista Héctor Pons, se muestra rotundo y afirma que sería «impensable» que el Estado «confisque esos recursos propios de cada ayuntamiento, que además son desiguales en función de la gestión». Lo mismo opina el alcalde de Es Mercadal, el también socialista Francesc Ametller, que considera que sería «escandaloso» y que entiende que «ese dinero es de nuestros vecinos».
Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alaior, el popular Cristóbal Marqués, denuncia también que «sería un escándalo de dimensiones mayúsculas» y el de Ciutadella, Jose López, espera que se trate de un globo sonda y afirma que «ni siquiera me lo he creído», en relación a las informaciones aparecidas al respecto.
La alcaldesa de Sant Lluís, la socialista Carol Marqués, defiende por su parte que «no tiene sentido tener dinero en el banco cuando en la calle hay ciudadanos con necesidades urgentes» y que «utilizar ese dinero para dar respuesta a la ciudadanía es una de nuestras prioridades».
En el mismo sentido se pronuncian desde los consistorios de Es Migjorn y Es Castell. La alcaldesa del segundo, Joana Escandell, defiende que «lo lógico es que los ayuntamientos puedan usar ese dinero para sus vecinos». Subraya que los responsables municipales se van a encontrar con un doble problema. El primero es que habrá un gran recorte en las cantidades que ingresar. El segundo, el gasto asociado a las medidas que se están aprobando para combatir la crisis sanitaria.