La propuesta que ha hecho llegar el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias para ‘activar' los remanentes presupuestarios que acumulan las entidades locales podría conllevar en la Isla la movilización de 26 millones de euros en inversiones. Aún así, el planteamiento cuenta en Menorca con pocos adeptos declarados, y abundan más las reticencias, incluso en las filas socialistas, así como una nada entusiasta cautela entre los dirigentes públicos.
Según el planteamiento de Hacienda, los ayuntamientos y el Consell entregarían como préstamo y de una forma voluntaria estos remanentes, que en la Isla rondan los 75 millones de euros, al Estado. Acto seguido, el Gobierno central devolvería como mínimo un 35 por ciento en dos años en forma de ingresos no financieros para que puedan invertirse, siempre que no se superen los 5.000 millones de euros en el conjunto de España. Este año, así las cosas, las entidades locales de Menorca dispondrían de un mínimo de 10,4 millones de euros (un 40 por ciento del movilizado a corto plazo) y el año que viene de 14,6 millones (un 60 por ciento). El resto del dinero, que asciende a 49 millones de euros, se devolvería, como si de un préstamo se tratara, en los diez años siguientes. Es una forma de que, al mismo tiempo, el Gobierno central disponga de liquidez en unos tiempos en que afronta numerosos gastos con una merma importante de ingresos.
Esta propuesta es la respuesta a la demanda que, desde hace años pero con más énfasis con la crisis de la covid-19, las entidades locales han hecho llegar al Gobierno central para que flexibilice o derogue la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el sentido de que permita la utilización por parte del Consell y los ayuntamientos del dinero que han ahorrado en los últimos años.