La investigación judicial por irregularidades en la Autoridad Portuaria de Balears sigue bajo secreto y en fase inicial, pero ya se ha convertido en una macrocausa. La magnitud que han alcanzado las actuaciones ha llevado a que la Sala de Gobierno del TSJB actúe para reforzar a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, Martina Mora.
La Sala ha aprobado la propuesta formulada por la misma magistrada para poder hacer frente a la causa de especial complejidad. El juzgado ya tenía un refuerzo desde hacía años, cuando su titular era José Castro y se encargaba del ‘caso Palma Arena'. Sin embargo, la nueva causa ha llevado a que se acuerde una prórroga de tres meses más y a que se cambie el reparto para que el de refuerzo asuma mucha más carga de trabajo ordinaria y la titular se pueda centrar en la macrocausa.
El caso explotó el pasado mes de julio con la detención del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella y de otros cuatro directivos de la entidad. Todos ellos permanecieron retenidos un día hasta que se practicó un amplio registro en sus despachos. Después quedaron en libertad, aunque los registros detonaron la marcha de Gual, ahora sustituido por el expresidente del Govern, Francesc Antich.
Adjudicaciones bajo sospecha
Desde los registros, la magistrada ha dictado varios autos en los que prorroga el secreto de las actuaciones, que se justifica ante el riesgo de destrucción de pruebas y la necesidad de llevar a cabo varias diligencias más. La causa analiza varias contrataciones llevadas a cabo por la Autoridad y, entre otros extremos, si Gual compensó con amarres en Formentera a una sociedad con la que él tenía una deuda previa. También son objeto de investigación otras adjudicaciones de la entidad. Entre los investigados figura la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. Se intentan aclarar algunas adjudicaciones en las que estuvo presente un familiar de ésta.
Algunas defensas de los encausados ya han planteado recursos contra las prórrogas del secreto de sumario en las actuaciones y reclaman que se les notifique el contenido de estas decisiones judiciales.
La previsión es que la investigación aún se prolongue durante meses. Ahora mismo, la Guardia Civil analiza los documentos aprehendidos durante los registros.