La memoria anual del Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears (ISPIB) hecha pública hace apenas unos días refleja la delicada situación de las policías locales del Archipiélago, no solo por su crónica falta de efectivos, sino por el envejecimiento de las plantillas que va suponer, a efectos prácticos, la pérdida de otros 40 agentes.
La ley Montoro, que limitaba el gasto de los ayuntamientos, por un lado, y los continuos retrasos de la administración para convocar cursos formativos con los que al menos abrir bolsas de interinos y nuevas convocatorias de oposición, por otro, han establecido un caldo de cultivo nefasto al mezclarse este 2020 con los efectos derivados de la pandemia.
Según esta memoria, Menorca contaba con 209 agentes en 2019, es decir, cerca de una veintena menos de los que se contabilizaban en 2018. Además, entre los integrantes de las ocho plantillas municipales, el 14 por ciento, 31 efectivos, ya estaban en situación de segunda actividad, es decir que no prestan servicios de seguridad ciudadana y ocupan puestos que en algunos casos no tienen una relación directa con la propia policía, si bien continúan figurando como dotación del cuerpo. Como contrapartida insuficiente, a finales de año cinco municipios convocaron 17 nuevas plazas, ocupadas ahora por policías en prácticas en Ciutadella (4), Maó (8), Es Castell (3), Ferreries (1) y Es Mercadal (1).
Nunca están cuando los necesitas si no es para poder recaudar algo, es lo que pensamos el 90% de los ciudadanos. El cuerpo tendría que reestructurarse y modernizarse, acercarse al ciudadano y dejar de ser un refugio de ociosos