La comisión judicial que corresponde a los juzgados de Instrucción números 1 y 2 de Ciutadella se ha personado este miércoles por la mañana en dos bloques de viviendas de la calle de Es Degollador para proceder al desalojo de 12 pisos que están ocupados de forma ilegal desde hace varios años por diferentes personas, incluso núcleos familiares en algunos casos.
Se trata del cumplimiento de la orden dictada por los jueces Juan Pablo Molina y María Belén Velázquez a partir de la demanda presentada en su día por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que es la titular de estos inmuebles y desea recuperarlos para poder proceder a su venta con mayores garantías.
La comisión judicial, compuesta por un funcionario que actúa como su representante y que ejecuta el acto y por otro funcionario que lo documenta al levantar una acta del mismo, está acompañada por un dispositivo policial. En cada caso debe desalojarse el piso, levantar acta y cerrarlo.
El desalojo se ha desarrollado sin incidentes, ante la presencia de casi una veintena de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional de Ciutadella.
Empleados de la empresa Domus, contratada por la Sareb, han procedido a instalar puertas antiokupas en cada piso, cerradas con un candado, como paso previo a que sean tapiadas.
Los operarios han instalado también puertas metálicas antiokupas en los accesos a cada escalera para evitar que las personas desalojadas intenten entrar de nuevo al edificio. La Sareb ha contratado vigilancia privada con este propósito.
En total se han visto afectados por el desalojo entre 25 y 40 personas que ocupaban estas 12 viviendas. Los bloques, no obstante, han quedado vacíos porque las viviendas restantes no estaban ocupadas.
Los dos bloques de pisos, situados entre los números 21 y 27 de la calle de Es Degollador, son uno de los focos más conflictivos de la ciudad porque en sus zonas comunes la Policía debe acudir en reiteradas ocasiones debido a reyertas relacionadas con drogas.
Hace más de seis años que se producen denuncias vecinales por este tipo de alborotos. En ocasiones los pisos han sido desalojados con órdenes judiciales pero vueltos a ocupar tras forzar cerraduras.