A mediados de 2016 se dio desde el Govern balear un ultimátum a los núcleos residenciales sin dotación de saneamiento. Ayuntamientos y propietarios disponían de seis años, divididos en distintos plazos que se tenían que ir cumpliendo, para contar con alcantarillado y conectarlo con una depuradora. Era la condición para evitar la suspensión en la concesión de licencias de obra nueva que marca la normativa en estos casos. En Menorca, la medida afectaba a unas 30 urbanizaciones de seis municipios.
Cinco años después los resultados son que solo dos urbanizaciones han culminado todo el proceso: Llucmaçanes, que tenía ya el alcantarillado y solo debía conectarlo a la red, y Sínia Riera en Es Castell. En otros tres núcleos se ha avanzado sobre el terreno. Cala Llonga ha ejecutado una primera fase, L'Argentina lo tiene casi terminado y en Addaia se están instalando los puntos de impulsión hacia la depuradora. El resto se encuentran en distintas fases de tramitación.
Según los plazos marcados por la Ley de Urbanismo, en agosto de 2021 todos los proyectos deberían estar acabados y un año después en funcionamiento. Pero muchos no superaron la criba de 2019, cuando las obras debían estar ya licitadas y adjudicadas. La consecuencia de todo ello es que en unas 20 urbanizaciones ya está suspendida desde hace meses la concesión de licencias de obra nueva. Además de las ya mencionadas, se libran Binidalí por estar solo pendiente de la conexión con su depuradora aún por estrenar, la zona de General Morera, Punta Grossa I y Sant Antoni, por distintas vicisitudes del proceso recogidas por la Ley. La maraña burocrática y la falta de financiación son los problemas que más entorpecen el proceso.
mientras duermo en la tienda de campaña y a cagar con un cavac