No han faltado a lo largo de este último año protestas, actos de rebeldía e incluso manifestaciones contra el uso de la mascarilla, con argumentos como la pérdida de libertad e incluso la salud. Pero para frenar la pandemia no quedó más remedio que taparse nariz y boca y habrá que seguir haciéndolo en momentos de aglomeraciones en el exterior y por ahora en espacios interiores.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el jueves permite desde este sábado a los ciudadanos ir por la calle sin mascarilla siempre que puedan guardar una distancia de metro y medio con otras personas que no son de su núcleo de convivencia.
Vaivenes normativos
Cuesta imaginar que al comienzo de la pandemia se pudiera circular sin la mascarilla pero así era, de hecho las autoridades sanitarias insistían en que solo los profesionales que atendían pacientes de covid-19 las necesitaban. El problema de fondo era el desabastecimiento en un mercado enloquecido por la demanda en plena expansión planetaria de la enfermedad. Empresas privadas, voluntarios particulares e instituciones se lanzaron a poner en marcha talleres para fabricar equipos de protección, mascarillas y pantallas.
Contradicciones, confusión, falta de suministro y resistencia fueron distintas fases por las que pasó la ciudadanía hasta llegar a asumir que la mascarilla era ya un objeto cotidiano más, que ahora ya se adquiere sin problemas en cualquier supermercado. Pero al inicio de la pandemia muchos acudieron a la farmacia y no encontraron con qué protegerse.
«El mercado no estaba preparado», asegura el presidente de la Cooperativa Farmacéutica de Menorca (Cofarme), «en las farmacias siempre habíamos tenido mascarillas pero para casos puntuales, no algo así, y también es difícil surtirse de un producto sin tener la certeza de que sea algo obligatorio, tanto para las farmacias como para la cooperativa en general». Asegura Oleo que en aquello primeros momentos duros de la pandemia «en tres días se vendieron más mascarillas que en tres años», con la dificultad añadida de que ellos tenían que garantizar que cubrieran todos los requisitos de calidad, «y a veces recibíamos mascarillas que no los cumplían». La actividad pirata floreció para nutrirse de la desgracia de la covid-19 y era un obstáculo más a sortear, también para la Administración que negociaba la adquisición de lotes en los mercados internacionales.