«En lo personal lo que le ocurre a esta familia es una desgracia porque alguien debió engañarles cuando compraron la casa, tendrían que rodar cabezas». Es la opinión de Cristina Gómez, consellera de Vivienda, Ocupación y Cooperación Social del Consell sobre el caso de Rosa Robles y su familia, obligados por el Consorcio en Rústico a derribar la casa que adquirieron en Es Plans hace 10 años. La construcción principal y otras mejoras de antes y después de la compra carecen de licencia y al hallarse en una ANEI no hay posibilidad de emprender ningún proceso para su legalización.
Soluciones inmediatas para el infortunio del matrimonio y su hija menor de edad, a priori, no las hay, pero hecha pública su odisea, tanto el Consell como el Govern, a través del Ibavi, y el Ayuntamiento de Alaior muestran cierta disponibilidad a atender el caso. Para ello el primer paso, como apunta tanto la consellera como el delegado del Ibavi en la Isla, es necesario contar con un informe de los servicios sociales del Consistorio que refleje la emergencia de la situación de esta familia.
«Tienen que venir a la Oficina de Vivienda, del Consell, abrir un expediente, y a partir de aquí podemos tramitar una petición de urgencia al Ibavi», indica la consellera. Gómez refiere que la situación es compleja, comparte la angustia de la familia. También señala, en general, que «muchas veces la gente se arriesga porque sabe cuando compra que lo escriturado es una casa de aperos», sin que sea este el caso. La familia suspira porque más allá de la solución temporal que puedan aportarle las instituciones, el juicio por la demanda al vendedor y a la inmobiliaria no se demore y se salde con una sentencia favorable y puedan ser indemnizados con los 149.500 euros que pagaron por ella, más gastos y perjuicios. Así podrían buscar otra vivienda que se adaptara a sus necesidades.
El Ayuntamiento de Alaior ha ofrecido a la familia abonar la fianza del piso que alquilen o pagar los dos primeros meses, por el momento, además de pedir al Consorcio que pare el expediente de demolición y la multa hasta que la familia tenga otro alojamiento.