Menorca cuenta con un patrimonio militar de primer nivel, con fortificaciones excepcionales, algunas de ellas únicas, como el Castell de Sant Felip o La Mola. Unos recintos que son propiedad del Estado, que, sin embargo, destina escasas inversiones para evitar su deterioro.
Una de las últimas intervenciones en La Mola fue para la restauración del Polvorín de la Reina, entre 2009 y 2010, con una inversión de 465.000 euros por parte del Ministerio de Cultura. Sede desde la que, en ese mismo periodo, se aportaron otros 161.901 euros para la restauración de la torre de Cala Teulera, y entre 2012 y 2013, 65.939 euros para la Torre Princesa y 272.977 euros para una actuación en el muro entrante 5, también en La Mola.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha vendido propiedades como los cuarteles de Es Castell (2000) o, más recientemente, los terrenos de Son Olivaret, en Ciutadella, así como las baterías de Favàritx. Solo por esta última operación, el Consell pagó a Defensa 865.000 euros.
Esta falta de inversiones para la preservación del patrimonio militar ha quedado patente estos días durante la celebración en la Isla del Congreso Internacional Icofort, el Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar. Un evento que ha reunido a medio centenar de expertos, que han podido conocer de primera mano la riqueza patrimonial que alberga Menorca.
Actuaciones de urgencia
La falta de inversiones estatales se ha demostrado con intervenciones de urgencia recientes. Es el caso de las obras realizadas, por ejemplo, para evitar el desplome de las torres de defensa de Rambla y de Sanitja, que ha llevado a cabo el Consell. Así lo recuerda el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel María, quien pone el acento en que «las torres de defensa son un Bien de Interés Cultural, y quien debe hacerse cargo es su propiedad, que es el Estado», lamenta.
Otro actor que trabaja para la conservación de estos bienes es el Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico Militar del Puerto de Maó y Cala Sant Esteve. Está participado por cinco administraciones (central, autonómica, insular y local —los ayuntamientos de Maó y Es Castell—) y este 2021 cuenta con un presupuesto de 190.000 euros. Una cifra que, tras la pandemia, se aleja de los 271.368 euros que gestionó en 2018 o los 264.700 de 2011.