Un total de 6.377 euros es el importe de la multa que deberá abonar la familia que se vio obligada a derribar su casa de Es Plans el 29 de septiembre, en cumplimiento de la orden de demolición que dictó el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, por tratarse de una construcción que carecía de licencia y estaba ubicada en un Área Natural de Especial Interés.
La resolución del Consorcio incluía el pago de una multa de 31.855 euros por los mismos motivos. Esta cuantía, según la normativa vigente, podía reducirse en un 90 por ciento si la demolición se hacía antes de la resolución final del expediente. Si el derribo se hacía a la finalización del mismo y en el plazo límite establecido, la reducción de la multa sería del 80 por ciento, como sucedió finalmente.
La familia de Rosa Robles, por medio de sus abogados, solicitó tras proceder a la demolición de su casa que le fuera condonado el porcentaje de la deuda que tenía que pagar, atendiendo a su situación al haberse quedado sin vivienda propia y con escasos recursos económicos. El Consorcio le ha respondido que no procede la condonación de toda la multa «porque no existe previsión legal a tal efecto», y le ha comunicado que le reduce la multa inicial en un 80 por ciento.
La familia se siente, de nuevo, perjudicada porque en el peor de los casos creía que la reducción de la multa sería del 90 por ciento, «los técnicos nos dijeron que si la demolíamos en el plazo que nos marcaron solo pagaríamos 3.100 euros, y ahora nos piden el doble sin tener en cuenta nuestra situación», indica la mujer. La multa debe ser abonada en un plazo de 30 días, desde la semana pasada.
Sus abogados dirigirán un nuevo escrito al Consorcio apelando al factor humano de la familia que no puede hacer frente a este pago debido a la situación en la que se encuentra.