La anulación del decreto que regulaba el uso del catalán en la sanidad pública por la justicia afecta a más de 60 procedimientos selectivos que están actualmente en trámite por el IB-Salut, 31 de esos procesos son para plazas de médicos en el sector sanitario de Menorca, en el Hospital Mateu Orfila. La incertidumbre sobre qué pasará ahora con los aspirantes a ocupar una de esas vacantes mediante concurso-oposición, pendientes todavía de aportar méritos, es total. Se desconoce si una vez que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del Govern y el requisito del catalán se rige por la Ley 4/2016 de Función Pública, más exigente, esta se aplicará de manera retroactiva y pueden desestimarse candidatos por ese motivo. Esta es la duda que plantea el Sindicato Médico de Balears (Simebal), que reclama «la adopción de cuantas medidas legales y administrativas sean necesarias para dar seguridad jurídica a miles de profesionales que se encuentran en procedimientos de selección». Dichos procesos también afectan a otras categorías como administrativos, celadores, enfermeros y auxiliares entre otros.
Los médicos exigen que se aclare la situación jurídica resultante de la anulación del Decreto 8/2018, que permitía a este colectivo tener dos años para adquirir y acreditar los conocimientos lingüísticos (B2), de modo que la exigencia del requisito del catalán no era inmediata ni les excluía de participar en las oposiciones.
Los procedimientos de selección que pueden verse afectados son para cubrir vacantes de facultativos corresponden a distintas especialidades médicas. En el caso de Menorca son una plaza de cirujano maxilofacial; tres de anatomía patológica; cuatro de cirugía general y aparato digestivo; una de cirugía plástica y reparadora; una de dermatología médica, quirúrgica y venereología; dos plazas de hematología y hemoterapia; un especialista de medicina del trabajo; uno de medicina física y rehabilitación; dos de medicina intensiva; dos de nefrología; tres de neurología; tres vacantes de oncología médica; tres de psiquiatría; dos especialistas en reumatología y otros dos en cirugía ortopédica y traumatología. En total 31 plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2017 y de 2019 de las 271 totales que se distribuyen entre los diferentes hospitales de las Islas.
Simebal exige a la Conselleria de Salud que «aclare el caos generado por su falta de previsión» ante la anulación del decreto.Añade que el Supremo no ha hecho más que ratificar «lo que ya se sabía» y se pregunta por qué no se ha actuado antes. «Ninguna de estas personas en procesos selectivos se merece la incertidumbre y la afectación que les pueda ocasionar la enésima improvisación del Govern», denuncia.