Acabar el presente mandato político del Consell con el tramo de la carretera general comprendido entre Maó y Alaior completamente reformado se da por prácticamente imposible por parte del equipo de gobierno. «Qué más querría yo», afirmó la consellera de la materia, Francesca Gomis, sobre la propuesta de Ciudadanos de comprometerse a tener finalizada esta actuación en 2023, a tenor de los retrasos, en su opinión injustificados, que se han producido en la ejecución de este proyecto.
La consellera de Movilidad explicó que el tramo que abarca el cruce de Rafal Rubí no podrá empezarse a tramitar hasta que el PTI no esté aprobado de forma definitiva, por lo que las obras de ninguna manera podrán comenzar durante 2022. Hay que pasar por Medio Ambiente, aprobaciones, exposiciones públicas y licitaciones. Por eso, de cara a la negociación del nuevo convenio de carreteras, solo se pedirá para 2022 dinero para acometer el tramo de L'Argentina, unos tres millones de euros.
El conseller del PP Adolfo Vilafranca reprochó al equipo de gobierno su lentitud en este asunto, «de tres millones en tres millones acabaremos la reforma de la carretera general en seis años, ocho si piden los 25 millones que calculamos nosotros» (el tripartito calcula 22 millones). Vilafranca fue muy crítico con toda la gestión que se ha hecho en carreteras, y acusó de nuevo al tripartito de anteponer intereses de carácter político e ideológico a la seguridad. Ayuso le secundó, y se remontó atrás en el tiempo para lamentar que se detuvieran las obras en su momento.
En el debate se volvieron a repetir las consignas habituales de cada partido sobre esta cuestión, como el carácter excesivo de los puentes o los sobrecostes acumulados en el discurso de la izquierda, o el desprecio a la seguridad y la incertidumbre con la financiación en boca del PP. Ante tanta reiteración, Vilafranca concluyó que en su partido están ya «muy decepcionados, nos damos por vencidos con este tema. Claudicamos». Ya se verá si es así.