El Ministerio de Igualdad ha atendido la petición de Iga Maria Jaglarz, una autónoma de Ciutadella, a la que le fue denegada la ayuda covid porque el volumen de operaciones de su negocio en 2020 no cayó más de un 30 por ciento respecto a 2019. Ese requisito no cumplido obedecía a que en ese año solo trabajó 156 días debido a su embarazo y baja postparto, con lo que su facturación fue mucho menor.
La mujer, que trabaja como artesana, se ha visto privada de esta ayuda del Estado que tramita en Balears la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por lo que dirigió una queja el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Esgrimía que su situación era similar a la de los empresarios que no han estado de alta en todo el ejercicio 2019, a quienes sí se exime de acreditar la caída del 30 % en sus operaciones.
En la respuesta el organismo público admite que los hechos «pueden constituir discriminación por razón de sexo por infracción de la ley que dispone que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación directa». Además considera el Ministerio de Igualdad que el caso podría constituir incumplimiento de los criterios que deben regir la actuación de las administraciones públicas.
Por este motivo, el Instituto de las Mujeres ha dado traslado de la queja al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y a la Conselleria balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, a los efectos oportunos. La mujer aguarda ahora la respuesta.