La Conselleria de Presidencia ya tiene sobre la mesa el primer expediente abierto a un bar por negarse de forma expresa a solicitar el certificado digital a los clientes. El expediente se ha abierto este fin de semana como consecuencia de una inspección tras saberse que el propietario de un establecimiento de la Isla había colgado un cartel en el que se jactaba de no pedir el documento a los clientes que entraban al local.
Las autoridades tuvieron conocimiento de este hecho y en el local se personaron unos inspectores acompañados por la Policía Local de Maó, que levantaron acta del incumplimiento de la normativa. Desde la Conselleria de Presidencia recuerdan la obligación de cumplir las exigencias aprobadas por el Govern para el control de la pandemia y señalan que no hacerlo está castigado con multas, en función de la gravedad de la infracción.
Las sanciones leves se castigan con multas de entre 100 a 3.000 euros; las graves pueden ser castigadas con sanciones de entre 3.001 y 60.000 euros y las muy graves, con penas económicas de entre 60.001 y 600.000 euros cada una de ellas.