Los bancos te prestan dinero y se lo devuelves con intereses. Es una regla financiera que todo el mundo conoce desde que firmó una hipoteca o un crédito para comprar un coche o para afrontar cualquier contingencia. Las administraciones públicas, en particular, dejaban cada año un girón de sus presupuestos en la amortización de capital e intereses por el dinero que debían pedir prestado para acometer inversiones y otras obligaciones.
Ahora los bancos siguen cobrando no por el dinero que no prestan sino por el que tienen depositado los clientes. Los tipos de interés en la Eurozona llevan años congelados o en valores negativos, de modo que el negocio bancario ha buscado otras fuentes de ingreso.
Por otra parte, la criticada ley Montoro ha permitido eliminar en ocho años la deuda bancaria que los ayuntamientos arrastraban con niveles que en algunos casos rozaban o superaban la barrera legal. El saneamiento de las cuentas municipales es otro factor del cambio de paradigma, aunque la clave sigue siendo la misma. Cambia el concepto pero, como en el casino y los juegos de mesa, la banca siempre gana.
Desde finales de 2019 y sobre todo en 2020 y 2021, las entidades locales han tenido que hacer frente al pago exigido por los bancos por guardar el dinero público. Inicialmente fue una sorpresa desagradable que llegó de imprevisto y hoy constituye ya una previsión presupuestaria más. Para 2022 todos han asignado una partida para lo que algunos concejales han definido ya con cierta sorna y mucha resignación como el impuesto del capital.
Interés ciudadano
Entre los ocho ayuntamientos menorquines y el Consell aportarán a las entidades financieras unos 330.000 euros. La cantidad es variable, ya que las condiciones de cada uno son distintas y está en función del dinero que haya en la cuenta.
Los concejales encargados de elaborar los presupuestos han aprendido a negociar y a manejar los depósitos en función del saldo y las condiciones de cada banco. Todos asumen que se trata de una batalla distinta pero común.
Algunos no cobran por una cantidad de hasta tres millones y otros cobran a partir de 500.000 euros. «En los bancos donde se dan las mejores garantías tenemos más dinero», declara José López, de Ciutadella.
Otros ayuntamientos como el de Es Migjorn Gran han reducido de cuatro a dos las cuentas que mantenía abiertas con otras tantas entidades. «Nos hemos quedado con los que cobran menos intereses, así podemos ahorrar un poco más», apunta la concejala Esther Triay.
En el caso de Maó todas las operaciones de apertura de cuentas u operaciones bancarias se realizan por licitación, «pero desde 2021 todos cobran por custodia y mantenimiento», afirma María José Camps.Tras la sorpresa de 2021 han duplicado con creces la asignación para 2022. Es uno de los ayuntamientos que aún mantiene un préstamo de seis millones concertado el año recién finalizado.
Ferreries, como el resto, ha aumentado su asignación. Mantiene cuentas en cinco entidades, aunque puede que reduzca esa red, «hay tres que nos salen bastante caros», reconoce la alcaldesa Joana Febrer, quien desde finales de 2020 estaba avisada de la nueva vicisitud.
En esa misma línea, Alaior ha concentrado su dinero en solo dos depósitos, «hemos cerrado las cuentas en otros dos bancos, los más caros y menos flexibles a la negociación», relata Cristóbal Marqués.
La absorción de Bankia por CaixaBank ha reducido las opciones de diversificación. Lo ha sufrido Es Castell, que mantiene depósitos en cuatro bancos y negocia con otros dos, entre ellos, Caixa Colonya. «Si hemos de pagar comisiones, al menos que estas sean reinvertidas en la sociedad», asume Óscar Gómez. «Está claro que la banca siempre gana y lo malo es que no puedes evitarlo», concluye.