La hotelera mallorquina Cesgarden SL es para los menorquines algo más que una simple empresa. Es un sinónimo de millonaria indemnización, de sentencia adversa, de decisiones urbanísticas con efectos colaterales, de quebranto para las cuentas públicas. Hasta el punto que solo en Menorca se puede decir, por ejemplo una frase como «esta ley provocará un nuevo cesgarden», y que se entienda perfectamente. Una sentencia judicial de 2011 consideró vulnerados por parte del PTI de 2003 los derechos edificatorios relativos a una parcela de Cesgarden en Son Bou, por lo que acabó en una indemnización por parte del Consell a la sociedad que, con los intereses, rondó los 30 millones de euros.La deuda se liquidó mediante una operación de refinanciación y, por este concepto, el Consell recibe un millón de euros al año, hasta 2027, del Govern a modo de compensación negociada y aprobada, no sin renuncias desde Menorca, en 2019.
A pesar de este ingreso nada despreciable a cargo del erario público, la pandemia de la covid-19 sumió a Cesgarden SL en problemas de viabilidad, por lo que el Gobierno central ha aceptado su solicitud de rescate financiero, mediante una inyección de 18 millones de euros de capital retornable a través del Fondo de Recapitalización, gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La operación no ha pasado desapercibida en la Isla, donde las heridas de Cesgarden SL todavía tienen cicatrices frescas. Todos los partidos políticos consultados respetan el proceder de Cofides, en cuanto que el fondo de recapitalización está perfectamente reglado y en principio no había motivos para la denegación. Aún así no esconden, con diferente grado de elocuencia, una contrariedad contenida por el antecedente de la hotelera mallorquina con Menorca.
«Nos ha sorprendido», comenta Josep Juaneda, portavoz de Més per Menorca en el Consell, porque «se subvenciona a una empresa que ha actuado, al menos por lo que se refiere a la Isla, mirando por su beneficio sin tener en cuenta el interés general». Sorpresa muestra también Misericordia Sugrañes, del PP, «por desgracia, es una compañía con mucha suerte y seguramente con muy buenos asesores». Sugrañes no desaprovecha la ocasión para recordar que el origen de aquella sentencia fue, a su entender, «un PTImal calculado y una defensa jurídica errónea», un saldo «ruinoso» que, avisan desde el PP, «debe servirnos de guía» en la revisión del nuevo plan.
Cristina Gómez, de Unidas Podemos, pone por delante que nada tiene que ver un tema con el otro. No por ello deja de mencionar que «la empresa no jugó limpio, incluso la Fiscalía le atribuyó fraude procesal. Actuó de un modo que éticamente no compartimos». Esta cuita judicial por posible fraude se cerró sin más consecuencias, de hecho ya no hay cuentas pendientes en los tribunales entre el Consell y Cesgarden. También hace Gómez una lectura crítica de la ayuda en sí misma, «sorprende que una empresa así entre en el perfil de innovadora, no es lo que caracteriza al sector hotelero».
Desde el PSOE, Bàrbara Torrent explica que con estas convocatorias «hay unas reglas, no se puede actuar de forma arbitraria», por lo que acata la decisión del Gobierno a pesar de que «en Menorca lo que hizo Cesgarden nos pueda parecer más o menos bien desde el punto de vista ético y moral». Como Sugrañes, pero en sentido contrario, aprovecha para recordar que el origen de la sentencia fue «la defensa de un modelo territorial» que ha demostrado ser el adecuado.
De cara al futuro, Més yUnidas Podemos optan por no olvidarse del asunto de la inyección de capital. Gómez insta a ser vigilantes con el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de la capitalización, así como con la devolución del importe, «ya se sabe lo que ha pasado en otros casos». Juaneda apunta la necesidad de un atento seguimiento y asegura que, a través del senador autonómico VicençVidal, se solicitará información adicional.