La Mesa del sector lácteo de Menorca quedó este miércoles constituida, lo que supone el primer paso dentro del Provilac, el plan de choque para la supervivencia de las ganaderías lecheras de la Isla. Lo hizo, además, comprobando que la industria transformadora está cumpliendo su compromiso de incrementar el precio del litro de la leche, y con el único interrogante en relación a las ayudas públicas, que deberán contar con el visto bueno de la Comisión Europea.
Las instalaciones de Sa Granja, en Maó, acogieron este primer encuentro. Estaban citados representantes de las tres organizaciones agrarias profesionales, Unió de Pagesos, Agrame y Fagme; la Asociación de Fabricantes y Curadores de Queso, la Asociación Frisona Balear, la Denominación de Origen Protegida Queso Mahón-Menorca; y Cooperativas Agroalimentarias de las Illes Balears. Por parte de la administración asistieron la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, su director general, Fernando Fernández, el conseller insular de Economía, Josep Pastrana, y la directora insular del mismo departamento, Pilar Pons.
Primer compromiso completado
Durante el encuentro se constató que la industria ha incrementado los dos céntimos por litro comprometidos. Algunas empresas, como Coinga, ya adelantaron las subidas a finales de 2021, mientras que, para otras, habrá que esperar a febrero, al pago de la leche entregada en enero, para comprobarlo. Así lo indicaban representantes de Agrame, Unió de Pagesos y Fagme, quienes, por otro lado, no dudan que será así.
Otra acción del plan de choque sobre la que se dio cuenta fue la puesta en marcha de la línea de ayudas única para elevar la renta ganadera del sector lechero. Se trata de la aportación de 2,6 céntimos por litro por parte del Govern, y de 2 céntimos por parte del Consell. Unas subvenciones que se prevé que se publiquen en febrero, una vez comunicado a la Comisión Europea.
Sobre esta cuestión, las tres organizaciones agrarias confían en la buena intención de la administración y también en que la propuesta recibirá el beneplácito comunitario. Aún así, «hasta que no lo veamos, no podemos cantar victoria», apuntaba Cristóbal Capó, vicepresidente deFagme.
«Esperamos que no haya problemas», señalaba desde Unió de Pagesos, Margarida Llambías, quien, por otro lado, recordaba que éstas son ayudas de «un único pago y por un tiempo limitado, hasta que el precio que cobramos por la leche cubra los costes de producción». Porque, como añadía Capó, «nosotros no queremos vivir de subvenciones, sino cobrar un precio justo por nuestro trabajo».
Por su parte, el presidente de Agrame, Lluís Nadal, aunque cree que «vamos por buen camino y debemos ser optimistas», es cierto que «los precios que se pagan hoy siguen siendo insuficientes», teniendo en cuenta que producir un litro cuesta unos 42 céntimos y ahora se pagan a 33 o 34.
Y es que, según Cristóbal Capó, solo le faltaba al campo menorquín la inflación actual en los mercados. «En enero están subiendo aún más las materias primas, los fertilizantes, y tenemos que seguir trabajando, pero la situación es límite». De ahí que sea muy necesario «continuar trabajando para lograr los objetivos».
Coste de la insularidad
Asimismo, recordó Capó que los ganaderos de la Isla continuan en clara desventaja en relación a los de la Península. «El coste de insularidad supone 12,5 céntimos por litro, y tenemos que exigir igualdad de condiciones para todos».
Tan grave es la situación que «hay fincas que se están planteando dejar de ordeñar y dejar el campo», porque no es viable. Una falta de rentabilidad que, recuerda, «no solo afecta al ganadero, sino a todo al que viene detrás, veterinarios, talleres, cooperativas, transportistas, industria. Sería una pena que todo eso se tuviera que perder».
Tras esta primera reunión, la siguiente se prevé para la semana del 14 de febrero.