El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que debe permitir, entre otras medidas, limitar los precios de los alquileres en aquellas zonas donde se considere que el mercado está desorbitado. O como lo llama la normativa, tensionado. Ahora, el documento se enfrenta a su trámite parlamentario, en el que podría ser objeto de cambios tanto por las enmiendas de los distintos partidos como por el proceso de negociación que se abra por parte del Gobierno central para recabar los apoyos necesarios para que acabe saliendo adelante. Nadie augura que vaya a ser algo sencillo.
Por este motivo, desde el Govern balear, competente en la materia y encargado de aplicar la ley en último término, no se atreven todavía a afirmar con rotundidad si Menorca podrá ser o no declarada zona tensionada. Desde la Conselleria de Movilidad y Vivienda dan por hecho, y así lo ha declarado su máximo responsable, Josep Marí, en distintos espacios, que Eivissa y la ciudad de Palma, con su ámbito más cercano de influencia, cumplen de sobras con los requisitos que marca la ley para determinar las zonas tensionadas. Estos son que los gastos derivados de la vivienda superen el 30 por ciento de la renta familiar y que el aumento del precio del alquiler o de compra esté cinco puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
Con qué cifras
Sobre Menorca, la cosa no está tan clara. La voluntad política de la Conselleria es que todo el territorio de Balears se declare zona tensionada. No obstante, la situación de Menorca sobre el papel dependerá de la letra pequeña y el desarrollo de la ley, de cómo se acaben perfilando estos criterios, y de qué estadísticas se determinarán como referencias para calcular los dos parámetros antes mencionados. Una vez hechos los cálculos, habrá que iniciar un trabajo conjunto con el ministerio correspondiente para definir estas zonas y, en el caso de que los requisitos matemáticos no alcancen, negociar al respecto. «A poco que podamos se incluirá el conjunto de Balears, nuestra pretensión es que la ley pueda favorecer a la mayoría de ciudadanos», explican desde el departamento que encabeza Marí.
Cabe recordar que si se toman como referencia los últimos datos disponibles en el INE sobre renta familiar y en el propio Gobierno central sobre el precio de la vivienda, Menorca no cumpliría en principio con el requisito del esfuerzo superior al 30 por ciento para satisfacer los gastos derivados de la vivienda.
Punto de vista
Limitar precios, un proceso que puede prolongarse los próximos dos años
La designación o no de Menorca como zona de mercado tensionada en la que aplicar el control de los precios de los alquileres no será inmediata. La Ley de Vivienda debe pasar ahora por el Congreso y el Senado. Lo hace por la vía de urgencia y el objetivo del Gobierno central es que la aprobación de la normativa, en el que caso de que obtenga los votos suficientes, se produzca ya en el segundo semestre de este año, antes de octubre. Acto seguido, una vez en vigor la ley, se ha fijado un plazo de 18 meses durante el cual se establecerá el índice de referencia de los precios. Mientras tanto, las comunidades autónomas deberán abordar un proceso de justificación de las zonas de mercado tensionado, con diversos trámites y periodos de exposición pública.