Los inspectores de turismo del Consell insular abrieron el año pasado 24 expedientes por alojamiento ilegal. Sobre trece de ellos pesa una falta muy grave y sobre el resto se considera que hay falta grave.
Las primeras conllevan una multa de entre 40.000 y 400.000 euros y sobre las segundas la penalización económica oscila entre 4.000 y 40.000 euros. Sin embargo, hasta ahora solo siete expedientes iniciados en 2021 han sido resueltos y la información facilitada por la institución no especifica a qué tipología corresponden.