La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern ha iniciado un expediente sancionador al Ayuntamiento de Ciutadella por el incumplimiento de las prohibiciones que establece el decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, relativo a la Ley de Aguas en cuanto a la utilización de acuíferos que surten a parte del municipio en una finca propiedad del empresario Valeriano Allés.
Según la información recabada por el Govern, el consistorio ciutadellenc ha hecho caso omiso a la normativa de la instalación de los mecanismos para la extracción de aguas subterráneas, en lo que a dos pozos situados en la finca de Ses Arenes de Dalt se refiere. Según reza en la justificación de la apertura del expediente, el Ayuntamiento realiza las extracciones de estos dos acuíferos sin disponer de la autorización administrativa correspondiente, ni tampoco del permiso, también administrativo, para su explotación.
La propiedad de la finca, Arenes Ciutadella SL, de Valeriano Allés, presentó tres denuncias a la sección jurídica de Recursos Hídricos del Govern entre los años 2019 y 2021 sobre la salinización del acuífero donde están situados los sondeos de la concesión, en Ses Arenes de Dalt. Al respecto, el pasado 15 de abril la Dirección General remitió la copia de estas tres denuncias a sus servicios jurídicos y abrió un expediente de actuaciones previas para llevar a cabo una investigación de los hechos alegados por la propiedad en las demandas, con el fin de concluir si eran constitutivos de una o varias infracciones en materia de aguas.
La utilización de estos pozos ya contaba con un informe técnico desfavorable de la Conselleria de Sanidad, del año 2019 sobre la autorización de la captación en este pozo para el suministro de consumo humano en el casco urbano y Son Blanc.
En octubre de 2021 la Conselleria de Medio Ambiente del Govern recordaba que Sanidad había informado al Ayuntamiento de forma desfavorable sobre el uso de estos acuíferos.
Una vez recabada la documentación del expediente y comprobados los hechos susceptibles de haber incurrido en ilegalidades, la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, tomó la decisión de incoar el expediente sancionador contra el Ayuntamiento el pasado 20 de diciembre.