Viturme, la patronal de viviendas vacacionales integrada en PIME, ha anuncido que reconsidera su relación de colaboración con el Consell. Reprochan a la presidenta Susana Mora no haber sido consecuente con los acuerdos alcanzados para su inclusión en el reglamento derivado de la nueva Ley de Turismo.
Los empresarios aducen que el Consell había aceptado varias de sus propuestas, entre las que figuraba la eliminación de la antigüedad de cinco años para las nuevas estancias, la ampliación del número de licencias por propietario y una solución para los bloques de apartamentos con distintos usos y gestores.
Sobre el primer punto, fue el propio Consell quien propuso rebajar la antigüedad exigida a seis meses o un año, pero finalmente no se ha modificado el plazo. Viturme quería una solución para dar de alta viviendas «alegales» tal como los servicios jurídicos consideraban y tampoco se les ha ofrecido salida.
«No proponemos que se construyan nuevas viviendas para el alquiler sino dedicar de forma temporal viviendas residenciales, que lo seguirán siendo, es un cambio de uso coyuntural», explica Javier Pons de Marco, presidente de la patronal turística.
Recuerdan haber mantenido varios encuentros desde hace tres años dirigidos a pactar esos aspectos y facilitar así la inscripción de nuevas estancias turísticas en el registro oficial. Y todo lo acordado en las negociaciones se ha ido al garete con la moratoria turística decretada por el Govern.
Viturme no está de acuerdo ni con la moratoria ni con las formas para aprobar la disposición final tercera, que incluye una solución para los apartamentos, la unidad de explotación, no pactada. «La asociación más representativa de los empresarios de viviendas turísticas no admite el engaño y la falta de comunicación y transparencia por parte del Consell insular», afirma en un comunicado.
La patronal de viviendas turísticas ya le ha hecho llegar a Susana Mora esa decisión, de la que se deriva una actitud más reivindicativa en la defensa de sus intereses y la reconsideración de la vía del diálogo, que ha resultado infructuosa. Cree que la ley no tiene en cuenta la singularidad de Menorca y que, como tantas otras en las Islas, ha sido redactada a la medida de Mallorca.