En muchas playas, en particular en las no urbanizadas, no hay chiringuitos, pero sí quien ofrece bebidas, incluidas las alcohólicas, y tajadas de fruta refrescante. La venta ambulante ha vuelto recién comenzada la temporada a algunas de las calas de mayor afluencia de bañistas como Macarelleta.
Ni es una práctica autorizada ni tolerada, tampoco perseguida con diligencia. Los ayuntamientos admiten su impotencia por, entre otras causas, falta de medios y el complejo proceso administrativo que han de seguir para acabar con una sanción.
En años pasados se ha actuado contra esta práctica, se han descubierto los zulos en los que se guardaba la mercancía y esta ha sido requisada. Sin embargo, nada impide a los vendedores repostar material y volver a la venta en las playas.
Lo reconoce Maria Jesús Bagur, concejala de medio ambiente y disciplina gubernativa de Ciutadella, «es una actividad ilegal y hacemos todo lo posible por combatirla», señala, pero solo cuenta con un policía de playas y tampoco es cuestión de abandonar otros servicios más necesarios para la población.
El agente solo puede levantar acta por una actividad ilegal, que infringe la ordenanza municipal, y a partir de la misma el Ayuntamiento abre un expediente sancionador. Este proceso tiene su cauce, que exige la notificación al infractor, cuyo domicilio con frecuencia no se halla en Menorca. Asimismo puede presentar alegaciones contra la denuncia policial y prolongar la tramitación del expediente tanto como la ley de prodecimiento administrativo le permita.
Los vendedores ambulantes reincidentes asumen que pueden ser denunciados, pero consideran la multa como gastos propios del negocio, les sale a cuenta perder unos ingresos a cambio de no perder una actividad lucrativa por la que no pagan impuestos.
Hasta 1.500 euros
Cuando un proceso sancionador logra concluir, la multa final oscila entre los 751 euros y los 1.500 tal como recoge la ordenanza municipal de Ciutadella para las infracciones graves. Así está tipificada la venta ambulante en las playas.
Este municipio es el que más sufre esta actividad por ser también el que concentra las playas vírgenes con más afluencia de bañistas. En lo que va de temporada no se ha levantado todavía ningún acta. Tampoco resulta fácil perseguir una actividad que cuenta con la complicidad de los usuarios playeros, que son los clientes.
Bagur entiende que sería más fácil el control por parte de Consumo, que podría actuar a través de sus inspectores.
La Dirección insular de la Administración General del Estado tampoco contempla actuar contra este problema. Isabel López Manchón admite que la presencia de la Guardia Civil tendría un efecto diauasorio, «pero este cuerpo ya tiene mucho trabajo, no tenemos previsto actuar, hay más problemas de control en el ámbito de las embarcaciones», explica.