Caritas atendió el año pasado a 1.893 personas, las beneficiarias fueron 2.994 y las intervenciones realizadas, 12.222. El número de personas acompañadas bajó un 7,6 por ciento respecto al año anterior, el del confinamiento, pero aumentó un 25,7 por ciento respecto a dos años atrás.
Detrás de esos números «están las caras de las emociones de las personas atendidas y la cara de la solidaridad de voluntarios, socios y empresas», que aportan el esfuerzo y la financiación para llevar a cabo la ayuda social, explicó Gabriel Pons Olives, director de Caritas Menorca.
El dato más preocupante hace referencia a la exclusión subyacente, ya que casi la mitad de los atendidos por Caritas, el 47,4 por ciento, lo están siendo desde hace más de tres años, mientras que el 22,5 por ciento llamó por primera vez a la puerta de la entidad diocesana.
Una de las realidades más acuciantes es el de las personas en situación administrativa irregular, los sin papeles, que por esa razón no pueden incorporarse al mercado laboral y han de vivir en la economía sumergida, forzados a asumir trabajos precarios que les impide superar esa situación durante los tres años al menos que necesitan para regularizar su estado. Caritas entiende que no puede darse la espalda a esa realidad, «no pueden trabajar y sin trabajo no hay estabilidad», explica Guillem Ferrer, secretario general de la entidad.
Vivienda
Los problemas de vivienda encabezan la lista de carencias, «hay problemas de infravivienda que ponen la piel de gallina, con casos de realquiler de la misma cama», relata Mar Pons, responsable del área de inclusión. Se nota la mayor oferta de trabajo, «pero la falta de un sitio donde dormir impide que gente que lo necesita venga a trabajar», añade.
Mujeres en edad de trabajar son el 61 por ciento de los usuarios de Caritas con situación laboral muy diversa. La mayoría de los atendidos, el 54 por ciento, son de origen extracomunitario, el 44 por ciento son españoles y el dos por ciento restante, comunitarios. Por edades, el 84 por ciento de los atendidos tiene entre 20 y 64 años, lo que supone que las redes públicas de atención a la infancia y a la tercera edad tienen suficiente capacidad.
Brecha digital
Muchas personas mayores han necesitado acompañamiento en sus relaciones con la Administración, que limitó la atención directa como consecuencia de la pandemia, lo que también aumentó la brecha digital que sufre el grupo de personas mayores. Otros organismos, como el Síndic de Greuges, han llamado la atención por este mismo problema.