Perros, gatos y hurones independientemente del fin al que se destinen, el lugar en el que habiten o del que procedan son considerados animales de compañía en el proyecto de Ley de Derechos y Bienestar de los Animales remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados. La cría de canes restringida solo a profesionales autorizados (habrá un Registro Nacional), la obligación de esterilizarlos y el control sobre la cesión entre particulares –aunque sea gratis requerirá un contrato–, el sacrificio cero, ya que solo se permite la eutanasia justificada, y la prohibición de la utilización de animales en actividades que les puedan causar sufrimiento, como el tiro al pichón o tiro a tubo, afectan a la práctica de la caza y el sector está en pie de guerra contra una normativa que apenas ha empezado a caminar.
Este domingo la Federación Balear de Caza convoca una manifestación, secundada por pescadores recreativos y agrupaciones de caballistas, a las 11 horas en Maó, con un itinerario que comenzará en el recinto ferial del polígono y que acabará frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en la plaza Miranda. Estos sectores ya salieron a la calle en Mallorca y en Eivissa no solo para protestar por la futura ley estatal, sino también para posicionarse contra la ampliación de parques naturales y reservas marinas en las Islas ya que, afirman, estas medidas recortan cada vez más su actividad.
La movilización, según los organizadores, persigue la defensa del mundo rural y las tradiciones, advierten de la desaparición de razas autóctonas por las restricciones de la ley, aunque el Gobierno ya ha respondido a preguntas parlamentarias en ese sentido, alegando que el proyecto legislativo «no afecta al mantenimiento de razas autóctonas ni a los diferentes sectores económicos que se desarrollan en el ámbito rural».
El proceso de audiencia e información pública del anteproyecto de ley comenzó el pasado mes de marzo, pero el sector de la caza y la pesca se siente dejado de lado. «Queremos que cuenten con los profesionales, los veterinarios, los pescadores, los cazadores, el mundo rural y del caballo, no que hagan una ley políticos que entienden muy poquito del campo», afirmó ayer Antonio González Vicens, de la Societat de Perdigoters de Menorca. Añade que existe «poca información» sobre la ley y que esta «se ha llevado muy a escondidas».
En relación a los perros, los cazadores no podrán cruzar sus ejemplares e intercambiarlos o venderlos entre ellos, señala González, quien tampoco está de acuerdo con la esterilización a la que obliga la ley «si son seres sintientes no es lo mejor para ellos», alega.
Los animales no podrán recibir un trato negligente, ni ser objeto de premio, rifa o promoción, lo que entra en conflicto con costumbres como la rifa des porc de Sant Antoni; estas acciones son consideradas infracciones graves tal y como está redactado el anteproyecto, que aún puede sufrir modificaciones a través de enmiendas en el debate parlamentario. Los animales tampoco podrán utilizarse para participar en belenes, cabalgatas o procesiones, y en las romerías y eventos feriados los caballos deberán tener asegurados agua y descansos. No hay prohibición explícita de las fiestas, como afirman los cazadores, pero estos temen que cuando la ley se desarrolle, los reglamentos sean «más restrictivos».