Las políticas de vivienda sacaron a relucir de nuevo las diferencias en el gobierno de izquierdas en el Consell. El PSOE votó ayer junto con PPy Ciudadanos (Cs) en contra de limitar la compra de viviendas en Menorca a aquellos que no demuestren un arraigo mínimo de dos años, sin importar su origen o nacionalidad, tal y como proponía el grupo de Unidas Podem. Su consellera, Cristina Gómez, solo obtuvo el apoyo de Més, que ya defendió en el Parlament la idea de limitar la compra de inmuebles a extranjeros, y se quedó sola en otras dos votaciones, las referidas a la rebaja de 10 a 5 inmuebles en propiedad para ser considerado un gran tenedor y a la modificación de dicho concepto en el proyecto de ley estatal de vivienda.
La propuesta de acuerdo de Unidas Podemos era en realidad una batería de medidas para afrontar el problema de la vivienda en Menorca y tuvo que votarse por puntos separados ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo político para aprobarla o rechazarla en bloque.
Uno de los puntos era la polémica limitación de venta de inmuebles a personas que no acrediten haber residido en la Isla al menos dos años. La diferencia con el planteamiento que hizo Més en el Parlament es que este grupo pide limitar la compra de propiedades inmuebles a extranjeros en Balears y Podemos no distingue origen, «queremos que se compre para vivir, la ciudad para quien la habite», explicó Gómez, ya que las segundas residencias son viviendas vacías la mayor parte del año.
El PSOE se desmarcó de sus socios en este punto y votó con la oposición. La consellera Bàrbara Torrent advirtió que en la actualidad no es posible restringir la compra de viviendas por normativa europea y defendió las actuaciones realizadas para poner más vivienda pública en el mercado, así como las ayudas para acceder a la misma. «Lo otro son brindis al sol», dijo, «porque no lo podemos aplicar», en cambio ayudas y gestión de proyectos por parte del Ibavi «son medidas concretas que son las que llegan a los ciudadanos», defendió durante el debate.
Subida de precios
Otras medidas incluidas en la propuesta de Unidas Podem sí prosperaron con el apoyo de los socios de gobierno y entre ellas está la petición de que las comunidades autónomas puedan limitar el precio de los alquileres modificando la LAU; mientras se lleva a cabo dicha adaptación de la ley de arrendamientos, el Consell solicita al Govern la declaración de Menorca en su conjunto como zona tensionada, en aplicación de la nueva Ley de Vivienda estatal. Una zona tensionada es aquella en la que el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares, y también son áreas en las que la subida del alquiler ha sido superior al 5 por ciento.
Según la exposición de la consellera de Podem, Cristina Gómez, está prevista una subida del precio de la vivienda en Menorca del 12,44 por ciento y la alternativa a la compra, el alquiler, subió un 10,8 por ciento el último año. Gómez también esgrimió datos que Cs puso en duda, como que en la Isla son alrededor de cinco mil las viviendas vacías, mientras que el conseller EugenioAyuso estima que no superarán el millar.
Para la portavoz de Podem, la ley de la oferta y la demanda «no funciona en el mercado inmobiliario» porque «no sacar el stock sale a cuenta» y se generan así movimientos especulativos. Sin embargo, el conseller del PP, Adolfo Vilafranca recordó que el mercado inmobiliario «está ya muy intervenido» y abogó por aplicar incentivos en lugar de más restricciones.
El pleno también aprobó instar al Govern para que gestione la salida a alquiler social de las propiedades de la Sareb.
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