Cala Galdana es uno de los «puntos estratégicos» para las empresas de alquiler de embarcaciones sin titulación. Como solo pueden recorrer dos millas desde el puerto que desembarcan, es un sitio ideal para que éstas puedan llegar a playas como Macarella o Cala Mitjana.
Actualmente tres negocios tienen autorización de Costas para desembarcar de la rampa del torrente un total de 18 barcos cada día. Y tanto el ayuntamiento de Ciutadella como la entidad concesionaria de los amarres del torrente, Amics del Riu de Cala Galdana, creen que actualmente la situación es insostenible. Y así lo demuestra el último incidente, con una barca hundida el jueves, más las continúas quejas por el descontrol existente.
«No es un hecho puntual, son cotidianos» los accidentes de este tipo de embarcaciones, comentan fuentes del sector náutico que trabajan en Cala Galdana. «No se miran ni el estado del mar a la hora de lanzar la barca, solo les importa el negocio», se quejan.
La rampa está situada en el término municipal de Ciutadella, y desde el Ayuntamiento aseguran que «no nos gusta nada todo lo que está pasando». Eso sí, admiten que «el Ayuntamiento no tiene potestad, ya que la ley lo permite», afirma la concejal de Medio Ambiente, Maria Jesús Bagur, que recuerda que los últimos informes municipales solicitados por Costas sobre esta actividad en Cala Galdana han sido desfavorables, pero estos no son vinculantes.
No obstante, cree que a partir del año que viene podrán tomar cartas en el asunto y acabar con el actual descontrol. En 2023 finaliza la autorización de cuatro años a estas tres empresas por la gestión de la rampa de Cala Galdana. Y allí es donde entra el Ayuntamiento, que tiene pensado solicitar la concesión a partir del año que viene. Y hará lo mismo para la rampa de Cala en Forcat, donde operan otras dos empresas. El equipo de gobierno confía en hacerse con estas concesiones, más cuando «Costas prioriza siempre la administración pública», destaca la concejal.
«Si lo gestionamos, podremos poner nosotros las normas», apunta Bagur, que aunque se posiciona a favor de prohibir las embarcaciones de alquiler sin titulación, admite que actualmente la ley lo permite, por lo que «tampoco vamos a ahogar a estas empresas, pero sí que hay que poner límites y normas, y así lo haremos a partir de 2023», sentencia.