La actividad inspectora de la administración en materia de pesca vuelve a estar en el punto de mira del GOB. El grupo ecologista ha denunciado este martes que en todo el año 2021 solo se han abierto 14 expedientes por infracciones. Se mantiene así la tónica que vienen advirtiendo en los últimos años, cuando la falta de vigilancia ha propiciado la impunidad de los pescadores furtivos en la Isla.
El GOB sostiene que la actividad sancionadora es inusualmente baja si se tiene en cuenta que Menorca cuenta con dos inspectores de pesca del Consell, tres guardas de la Reserva Marina del Norte, los agentes del Seprona de la Guardia Civil y los agentes de la Policía Local, facultados para intervenir en caso de detectar infracciones. Además, la Dirección General de Pesca del Govern se encarga de vigilar la comercialización de productos pesqueros.
De las 14 sanciones tramitadas en el último año, 11 corresponden a los inspectores de pesca del Consell mientras que el Seprona solo inició una. Desde el GOB apuntan que la Guardia Civil parece haber abandonado la vigilancia de la pesca furtiva, ya que años atrás, en 2017, llegó a abrir 39 expedientes. La falta de efectivos del Seprona asignados a Menorca es otra de las quejas recurrentes ante la Dirección Insular del Estado.
Ninguna sanción de los vigilantes de la Reserva
El servicio que no ha impuesto ninguna sanción en todo el año pasado es el Servei de Guardapesca de la Reserva Marina del Nord de Menorca, y eso que cuenta con tres efectivos y una embarcación propia. En tres años, según los datos aportados por el GOB, solo habrían abierto un expediente sancionador en materia de pesca.
En un informe de 2021 se alega que este servicio efectuó numerosas revisiones a pescadores profesionales y recreativos, pero sin llegar a expedir ningún acta de sanción. En todo el año, la barca de vigilancia solo salió al mar 21 días.
Siete expedientes por langosta ilegal
La mitad de los 14 expedientes abiertos en 2021 han sido por parte del Govern por infracciones en la comercialización del pescado. En este caso las sanciones propuestas oscilan entre 800 y 20.000 euros, con un descuento del 50 por ciento si se paga en los primeros días. En todos los casos corresponden a la venta de langosta sin trazabilidad, es decir, sin la brida que demuestra que se ha pescado de forma legal en aguas de Menorca. Los otros siete expedientes incluyen propuestas de sanción menores, de entre 151 y 400 euros.
El GOB concluye en su informe que la vigilancia costera es una «asignatura pendiente» de la Reserva de Biosfera, una competencia, que según recuerda, corresponde al Consell de Menorca. Para solventarlo, propone reforzar los medios tecnológicos para los inspectores como vía para evitar una reducción de la biodiversidad marina.