Resolver la titularidad de los terrenos que deben ser expropiados es el próximo escollo al que se va a enfrentar el proyecto de transformación del tramo de carretera que conforma la entrada a Es Castell, un proyecto que se remonta varios años atrás.En el último pleno municipal se aprobó la firma de un nuevo convenio con el Consell, que sustituye al acuerdo que se firmó en 2019 y que ha quedado ya caducado.
Durante el pleno, la alcaldesa Joana Escandell explicó que se desconoce la titularidad de algunos de los terrenos afectados y que en otros está pendiente la ejecución de una herencia. Admitió que esta labor ocupará al Consistorio «durante los próximos meses». La adquisición de estos solares es una condición necesaria para poder cederlos al Consell y que el proyecto sea viable al poder acogerse a un artículo de la Ley de Carreteras.
De hecho, una de las principales novedades del convenio es que la obra va a ser ejecutada por el Consell y no por el Ayuntamiento. La institución insular adelantará los 1,3 millones de euros en que se presupuesta la actuación y luego el Consistorio podrá abonar la mitad de esta cantidad en cuatro años.
El proyecto se concibió en su momento como un paseo o bulevar. Escandell ya anunció en el pleno que se han realizado algunos cambios para dar encaje legal a la obra. Se explicarán en próximas fechas y al parecer son de calado. Desde el PP, el presidente local, Lluís Camps, lamenta que no se haya trabajado en la identificación de la titularidad de los terrenos afectados en paralelo a la negociación del convenio.