La dimensión estimada del fenómeno del alquiler turístico irregular, en cifras. Según ha podido confirmar este diario, el departamento de Ordenación Turística del Consell sospecha que solo a través de plataformas web se anuncian 6.298 viviendas que alojan a turistas sin la preceptiva autorización. Es el volumen de casas de las que desconfía, que no tiene controladas en los registros oficiales y que serían susceptibles de ser investigadas. Pero el servicio de inspección turística no da abasto.
Una comparación llamativa: en el último recuento oficial de viviendas turísticas legales (mayo de 2022), las que tienen licencia o han presentado la declaración responsable para poder empezar a albergar visitantes a la espera de verificación suman un total de 5.882. A la vista de estos datos –y tomando en consideración que hay parte de la oferta que se comercializa por canales privados– no parece descabellado afirmar que hay más oferta ilegal que legal.
Ese volumen de casas pendientes de investigar es uno de los argumentos que ha utilizado el Consell para defender ante el servicio de intervención –encargado de fiscalizar la gestión de la institución– la necesidad urgente e inaplazable de reforzar el cuerpo de inspectores del departamento de Ordenación Turística, por el momento con personal interino. Ya obtuvo el visto bueno para incorporar ya en la segunda quincena de julio a un inspector más (ahora son cinco), pero tiene que afinar su argumentación para que el interventor dé el visto bueno a la contratación de dos personas más procedentes de la bolsa de técnicos de turismo.
Plazas irregulares
Esas 5.882 viviendas turísticas regladas, que cumplen con la multitud de requisitos normativos existentes en Balears, tienen capacidad para dar alojamiento a 30.292 personas. La capacidad media es de 5,1 personas por casa. Si aplicamos esa ratio al volumen de viviendas de muy dudosa legalidad para el Consell, el resultado es digno de subrayar. Supondría que la oferta irregular tiene capacidad para albergar a más de 32.000 personas.
Obviamente son estimaciones. Bien podría ser que la media de plazas bajara por la presencia en el mercado negro de pisos de menores dimensiones. También podría haber, entre esa oferta que el Consell querría investigar, viviendas que son legalizables o incluso errores de cálculo en el sistema de detección del Consell, pero aunque esas 32.000 plazas fueran menos seguiríamos hablando de un volumen enorme de oferta que por una u otra razón no cumple con la normativa.
En esa línea de aproximación a la dimensión del alquiler turístico en la Isla, sumar las plazas legales a las plazas ilegales supondría que Menorca tendría capacidad para dar cama en viviendas a unos 62.000 turistas. Las cifra llama especialmente la atención si se tiene en cuenta que el resto de la oferta de establecimientos de alojamiento (hoteles, hoteles apartamento, complejos de apartamentos, hoteles de interior, hoteles rurales, agroturismos, campings, etcétera) apenas suma 53.000 plazas. Los turistas hallan más sitio para dormir en casas que en el resto de alojamientos. Datos a tener en cuenta en el debate sobre la famosa masificación y también sobre el problema creciente de acceso de los residentes a la vivienda.
Viendo la magnitud del problema del alquiler ilegal no resulta extraño que al Consell –responsable en materia de ordenación turística– no le alcance para ejercer la competencia con ciertas garantías. En el informe que elevó en junio a Intervención ofrece un dato que da una muestra de la congestión del servicio. Entre otras muchas tareas por desatascar, está la de la comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables de inicio de actividad. En estos momentos hay en el mercado la friolera de 2.725 viviendas turísticas cuya legalidad todavía no ha sido verificada.