El problema es que el siguiente punto de la única ordenanza insular que aborda el tema establece que para garantizar el cumplimiento de esa prohibición «se pueden efectuar las inspecciones oportunas para comprobar la instalación y el buen funcionamiento de los elementos de depuración y el origen del suministro para llenar las piscinas». No se hace ni se ha hecho. No hay medios para hacerlo, lamenta la concejal de Medio Ambiente del Consistorio, Marisa Álvarez.
La publicación del registro del Catastro sobre el censo de piscinas a 2022, difundido en pleno mes de agosto y que cifra en casi 10.000 el número de este tipo de instalaciones en un territorio rodeado de zonas de baño como Menorca, ha removido conciencias. Responsables políticos de municipios como Es Mercadal y Ciutadella son conscientes del enorme número de piscinas y su gestión es uno de los problemas que hay que abordar. Otros dos consistorios van más allá y están en el proceso de preparar futuras normativas, Maó y Sant Lluís, este último el municipio con la mayor ratio de piscinas por habitante, prácticamente una por cada tres empadronados.
En el caso de Maó, su concejal de Medio Ambiente, Rafa Muñoz, prepara una propuesta para ser consensuada con la oposición para marcar la hoja de ruta que debe seguir el Ayuntamiento –gobierne quien gobierne– en materia de gestión integral del ciclo del agua, marcando prioridades y calendarios de inversión, estrategias para mejorar el abastecimiento y otras cuestiones.
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