La Cooperativa Verge Monte Toro, entidad sin ánimo de lucro que en 2004 asumió la gestión del Matadero Municipal de Maó, denunció ayer que la presencia en el vertedero de restos de animales procedentes de sus instalaciones que deberían haber sido incinerados es «un auténtico escándalo» que atribuyen a una «anómala gestión». Aseguran que la trazabilidad de los residuos que generan los mataderos de Maó y de Ciutadella está «garantizada porque el cien por cien de los residuos producidos es vigilado a diario por inspectores de la Comunidad Autónoma y cargados y transportados por empresas autorizadas, y que se documentan siempre como residuos de clase C1 (subproductos para la incineración)».
Noviembre de 2021
Por ello reclaman a administraciones competentes y responsables de la gestión de Milà que se lleven a cabo una investigación «en profundidad para llegar hasta el fondo y depurar responsabilidades». El presidente de la cooperativa, Joan Pons, lanza un mensaje claro: «Visto lo visto no vamos a pagar más», en alusión a los altos costes de la incineración y a la gestión que se hace después. De hecho ya hace meses que no lo hacen. Acumulan un impago por servicios de incineración supuestamente prestados de alrededor de 80.000 euros.
Este diario ha podido confirmar que el último pago puntual que realizaron por este concepto fue en diciembre del año pasado, y solo porque recibieron la ayuda económica del Consell después de tener que asumir el sacrificio de cerdos desviados del matadero de Ciutadella. Explican que las tarifas extraordinariamente caras que se cobran por el servicio han provocado la «inviabilidad de la concesión» que tienen del Ayuntamiento de Maó y con él y con el Consell llevan tiempo conversando para reclamar a la institución insular que se haga cargo de la financiación de la deuda.
Desde el Consell no tienen claro que puedan hacerlo, teniendo en cuenta que en el caso de asumir el pago de las facturas de incineración podrían incurrir en un trato de favor discriminatorio con el resto de usuarios del servicio de incineración. De hecho el Ayuntamiento de Maó ya asumió esos costes en el pasado y tuvo que dejar de hacerlo al encontrarse con serios reparos por parte de Intervención.
En paralelo a la demanda de ayuda para pagar la deuda con la gestora del horno incinerador, la cooperativa del matadero de Maó también está intentando acordar una revisión de las condiciones de la concesión por parte del Ayuntamiento con el objetivo de frenar «el déficit ordinario» del matadero debido al alto precio de incinerar y la inflación energética.