El Consell lleva años ignorando la solución al enorme problema generado por las desorbitadas tarifas de incineración que él mismo impuso en las condiciones acordadas en 2016 con la nueva concesionaria del Área de Gestión de Residuos, la UTE Es Milà. Es aparentemente sencilla. Según confirman fuentes oficiales del Govern, la normativa europea –plasmada en una resolución balear que entró en vigor en el año 2014, antes de realizar el estudio económico, elaborar las bases de licitación y aprobar la nueva adjudicación– permite a Menorca enterrar la gran mayoría de los residuos que se generan y que ya desde finales de 2015 se están obligando a quemar en Milà con consecuencias muy gravosas para las arcas públicas.
Desde que el 18 de julio de 2016 las empresas que gestionan el recinto de Milà, Adalmo y PreZero, empezaron a aplicar la espectacular subida de las tarifas de incineración, del 2.124 por ciento, la medida que se vendió desde el Consell como normativamente obligatoria le ha costado mucho a los vecinos de Ciutadella y en menor medida a los de Maó. Concretamente el pago de 1,76 millones de costes asociados a la incineración y otros 495.000 euros de la alternativa más económica –pero no barata– a la que recurrió el Consistorio de Ponent a partir de abril de 2020, llevarse los residuos no peligrosos fuera de la Isla e incinerar lo mínimo.
La normativa que declara Balears zona remota para el entierro ‘in situ', ya sea en la misma explotación agraria o en lugares autorizados por la autoridad competente (por ejemplo en Milà) para el caso de los restos de matadero, no está perdida en las arcanas páginas web donde se expone la documentación reglamentaria europea, sino en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Y no hay que ir a buscarla a las publicaciones de 2014 ya que el pasado 25 de diciembre de 2021 se publicó una prórroga de la resolución que declara toda Balears zona remota, firmada por la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha. Como mínimo seguirá vigente hasta final de 2023.
- DOCUMENTO | El BOIB del 25 de diciembre de 2021 publicó la prórroga vigente de la resolución del 2014 en la que ya se declaró toda Balears como zona remota en la que sí se pueden enterrar los restos de animales no peligrosos, la gran mayoría. Mallorca lo hace (PDF)
De hecho la resolución en la que figura la declaración de zona remota se viene aplicando con toda normalidad en Mallorca, donde los residuos animales no peligrosos (sandach de categoría 2 y 3) se entierran en el vertedero, por cierto a un precio de gestión irrisorio (37,73 euros por tonelada) en comparación con el de la incineración en Milà, cerca de 900 euros la tonelada tras las últimas revisiones al alza. Resulta un tanto inverosímil pensar que el Consell desconocía esta vía de salida porque ya desde 2017 le llegan acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Ciutadella en que a propuesta de Joan Triay (UPCM) se le pide que atienda a esa declaración de zona remota.
También el conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso, le recordó al Consell en el pleno de octubre del año 2020 su existencia. Entonces la consellera de Més per Menorca al frente de Medio Ambiente, Maite Salord, argumentaba que el espectacular incremento de tarifas de incineración respondía a cambios normativos, sin aludir a esa declaración de zona remota vigente desde 2014. Es más, llegaba a afirmar que «no se puede poner el precio al gusto de cada uno, ya que hay estudios económicos (elaborados en tiempos del conseller del PP Fernando Villalonga) y los precios se revisan de acuerdo a un contrato», en palabras recogidas en el acta de la sesión. Ese contrato fue firmado en el año 2016 por su predecesor de Podemos Javier Ares, que –según defendió Salord en ese pleno– no tocó las condiciones de la concesión que su departamento se encontró encima de la mesa tras la victoria del tripartito en 2015.
Sea como fuere, lo cierto es que la entrada del nuevo concesionario cambió –por lo visto sin que fuera normativamente preceptivo– la manera en que se venían gestionando los residuos de origen animal (sandach). Los mataderos ya llevaban a incinerar los residuos de tipo 1, los que representan un peligro por riesgo de estar contagiados de enfermedades como la de las vacas locas, pero representaban –y siguen representando– una porción muy pequeña de lo que se genera. Por poner un ejemplo, el pasado agosto en el matadero de Ciutadella menos del cinco por ciento de los residuos bovinos (la mayoría) fueron de categoría 1 y se llevaron a Milà a incinerar.
En cierto momento se les hizo pensar a los mataderos –así lo explican fuentes cercanas– que era obligatorio que lo incineraran todo y que por lo tanto no hacía falta que separaran los residuos por categorías como venían haciendo. La no separación en origen es uno de los argumentos que se dan para justificar el cobro de tarifas tan elevadas de incineración. Ciutadella, que concentra el 80 por ciento de los residuos de matadero, decidió volver a separar los sandach de categoría 2 y 3 y enviarlos fuera. Ello le valió una denuncia por parte de la UTE de Es Milà. Ciutadella ganó el juicio y el recurso posterior ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Porque ya ni me sorprende? Voy a tener que dejar de leer noticias así cuando toque declaración trimestral 🤢