El pleno del Consell aprobó ayer por unanimidad trasladar a la Fiscalía Superior de Medio Ambiente de Balears la irregular aparición en el vertedero de Milà de residuos de animales que tenían que haber sido incinerados, denunciada por este diario hoy hace 38 días. El gobierno insular aceptó la propuesta de acuerdo presentada conjuntamente por la oposición en un pleno extraordinario monográfico, en el que el conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, quiso ceñir el debate a las fotografías que muestran la presencia de restos de animales -llegó a ponerlas en duda- eludiendo la potestad que tiene de dar una solución a corto plazo al problema medioambiental y económico, generado por la gestión que la propia institución ha venido imponiendo de los residuos de sacrificio de matadero.
Los partidos del equipo de gobierno y el grupo Popular escenificaron sin demasiado disimulo un pacto de no agresión que se viene fraguando desde hace días. La estrategia conjunta era centrarse en la investigación sobre las imágenes publicadas el 17 de septiembre, que muestran material específico de riesgo en el vertedero, e intentar pasar de puntillas por el otro problema de fondo que el caso ha revelado, el hecho de que se ha venido obligando a los mataderos a incinerar todos los residuos de ganado que producen.
Esa decisión del Consell, además de contradecir las recomendaciones de la normativa europea y nacional y de hacer caso omiso de la declaración de zona remota, ha supuesto ya un gasto público innecesario de casi dos millones de euros. Juaneda reconoció ya en las postrimerías del debate, que los costes de incinerarlo son altísimos debido a unas tarifas que «se pactaron por contrato».
Ese contrato fue preparado y, en la práctica, adjudicado en el último año del gobierno del PP. Después fue firmado y defendido por los gobiernos de izquierdas. Esa corresponsabilidad en el modelo de gestión de los restos de matadero es la que da sentido a la estrategia del conseller Juaneda -en representación de todo el equipo de gobierno- y del grupo Popular.
La zona remota sin aplicar
El grupo mayoritario de la oposición llegó a afear a la voz discordante, el conseller de Ciudadanos Eugenio Ayuso, que pusiera el dedo en la llaga en la gestión que se ha venido haciendo de los ‘sandach'. Ayuso se quedó así solo en su denuncia de cuestiones relevantes, como la vigente negativa del Consell en aplicar la zona remota en Milà para dejar a los mataderos que los residuos se entierren en el vertedero, al menos hasta que el eterno proyecto de la planta de biogás sea una realidad. Juaneda reconoció que esa solución para convertir los desechos animales en energía ya tendría que estar en marcha, que llega muy tarde. La concesionaria del servicio, la UTE Es Milà, prometió en 2018 que estaría funcionando en dos años, sin embargo, el Plan Director de Residuos que se aprobó en 2020 no obliga a que esté operativa hasta 2024.
Juaneda subrayó que el Consell -a través del Consorci de Residus i Energia que preside- no quiere «ni incinerar ni enterrar» y llegó a poner en duda que el vertedero tenga capacidad para que se entierren todos los residuos animales no peligrosos (los de categoría de riesgo deben incinerarse sí o sí). No obstante, la UTE Es Milà sigue incinerando los subproductos no peligrosos del Matadero Municipal de Maó (el Ayuntamiento de Ciutadella se hartó y decidió enviarlos fuera en abril de 2020) a un precio desorbitado. Recordar que Milà tiene autorizado el vertido de 500 toneladas de restos de matadero y de otras 500 toneladas de animales enteros.
La investigación del Consell
En cuanto a la investigación de la aparición de restos de categoría de riesgo que deben ser incinerados en el vertedero de Milà, en la que se centró el debate, sí que hubo fricciones entre el conseller del PP, Adolfo Vilafranca, y Juaneda. La principal tiene que ver con el contenido de los informes que ahora se quiere elevar a la Fiscalía. Vilafranca denunció las responsabilidades del Consell, al que acusó de «falta de control» del servicio que tiene en concesión y fue más allá, al entender que hay indicios de «compadreo y complicidad» entre la administración y la UTE Es Milà.
Se basa en que las visitas de inspección realizadas se llevaron a cabo después de informar a la UTE de que se iban a publicar las imágenes. Juaneda lo niega. Asegura que hubo una visita técnica del Consorci de Residus el día 16 de septiembre, el mismo día en que se informó a la empresa de las imágenes, pero de esa visita no se sabe ni la hora (y por ende si fue antes o después de la comunicación con la empresa), ni fotografías ni detalles, porque no se levantó acta, ni hay más que una simple mención en el informe técnico del Consorci.
Vilafranca hizo hincapié en la «poca profundidad» con la que se aborda el caso por parte de los informes, a los que el Consell se agarra para exculpar, por el momento, a la UTE Es Milà. Es por ello que señaló a otras vías de investigación que Juaneda se comprometió a incluir en la documentación que se remita a la Fiscalía: ¿Cuál es la ratio de toneladas entradas en Milà y de incineradas? ¿Cuántas horas ha funcionado el horno? ¿Cuál ha sido su consumo de combustible? Y de todo ello un histórico en el tiempo, no solo datos de agosto y septiembre como se recogen en el otro informe, el laborado por el agente de Medio Ambiente.
Juaneda vino a reconocer que esos informes no alcanzan para sacar más conclusiones que las que se extraen, que no se puede concluir que haya responsabilidades que pedir a la UTE Es Milà por la presencia de restos de animales considerados de riesgo en el vertedero. Curiosamente, llegó a afirmar que le hubiera gustado tener más tiempo para poder analizar el caso en el mismo minuto en que afeaba al PP que el pleno en el que se tenía que debatir no se haya celebrado con anterioridad, como propuso.