El matadero de Maó tendrá que seguir el mismo camino que el de Ciutadella y enviar los residuos animales no peligrosos fuera de la Isla, siempre que quiera beneficiarse de las importantes ayudas económicas que el departamento de Economía del Consell va a incorporar a los presupuestos del año 2023. Los 500.000 euros que la institución insular se ha comprometido a repartir entre los dos mataderos para la gestión de los restos de sacrificio, tienen un requisito de calado: no se podrán utilizar para seguir incinerando los residuos como viene haciendo el matadero de Maó hasta la fecha, solo serán para destinarlos a su revalorización, según aseguran desde el departamento de Economía y Territorio.
Esta condición supone un cambio de estrategia en el seno del equipo de gobierno del Consell, que desde que explotara el caso Milà parecía enrocado en una errática defensa legal e incluso medioambiental del tratamiento por incineración. Ese golpe de timón no ha llegado desde el departamento de Medio Ambiente, sino desde el de Economía y Territorio, que en los últimos años ya ha venido haciendo equilibrios para ayudar a los mataderos a sobrevivir al elevado coste del tratamiento de los ‘sandach' impuesto por el propio Consell, a través del Consorci de Residus i Energia.
«No estamos dispuestos a pagar la incineración, se hace difícil subvencionar un tratamiento que no es el adecuado», deja claro el conseller de Economía, Josep Pastrana, quien subraya que mientras no sea posible la revalorización de los residuos en Menorca, destinándolos a la obtención de combustible mediante la planta de biodiésel prevista en Milà, esa partida de 500.000 euros se tendrá que utilizar «para enviar los residuos fuera de la Isla», como viene haciendo desde 2020 el Ayuntamiento de Ciutadella.
El condicionante de no poder acogerse a la línea de subvención para continuar quemando residuos no peligrosos a un precio desorbitado, tiene por lo tanto destinatarios claros, la concesionaria del matadero de Maó, la cooperativa Verge Monte Toro, y el responsable último del servicio, el Ayuntamiento de Maó.
El mismo departamento del Consell es el que financia con 100.000 euros, casi el 80 por ciento de su coste, la adquisición de una planta de triturado y esterilización de subproductos animales para el matadero de Maó. Su instalación, que ya está en proceso de contratación, permitirá reducir la generación al menos un 70 por ciento, lo que obviamente supondrá un gran abaratamiento de los costes de tratamiento.
El conseller Pastrana señala que esa reducción en la generación en origen, sumada al envío de los residuos no peligrosos fuera de la Isla, que cuesta la mitad que incinerarlos en Milà, supondrá un alivio del gravoso coste del sistema de tratamiento de residuos que se viene imponiendo en el área de gestión insular desde el año 2016. Cabe recordar en este punto que la negativa del Consell a aplicar la declaración de zona remota en el Área de Gestión de Milà y el monopolio de facto que durante años se ha ejercido obligando a incinerar todos los residuos animales, han tenido un coste para las arcas públicas de los ayuntamientos de Ciutadella y Maó de 1,7 millones, y que en estos momentos está poniendo en riesgo la supervivencia de la cooperativa que gestiona el matadero de Maó, que sigue acumulando facturas impagadas. Ya suman 123.000 euros.
El Consell ha hecho propósito de enmienda, una suerte de borrón y cuenta nueva. A corto plazo, por la vía de las ayudas económicas para sufragar el coste costes del traslado de los residuos fuera de la Isla. A medio plazo, la idea es que esos residuos sean tratados en la futura planta de biogás de Milà, está por ver con qué condiciones. Para entonces, el Consell pretende que la gestión de ambos mataderos esté unificada y sea insular. Ese es el panorama de futuro. Nada se dice sobre los sobrecostes que ha generado el modelo de gestión de los ‘sandach' desde 2016 y sobre las exigencias de compensación que, unánimemente, han hecho llegar los plenos de Maó y Ciutadella.
El futuro envío de los subproductos animales no aptos para el consumo humano, para su reaprovechamiento en la Península —no existen en Menorca industrias de ese sector— no supondrá el fin de la incineración en el Área de Gestión de Milà. Cabe recordar que una parte minoritaria de los residuos que se generan en un matadero son considerados materiales específicos de riesgo (MER) y la normativa sí obliga, sin excepción, a incinerarlos todos. Es el caso de algunas partes de riesgo para la transmisión de la enfermedad de las vacas locas como son las cabezas bovinas.
Desde el departamento de Economía ya se están empezando a tomar de facto las riendas de la gestión de los mataderos. La asunción de los costes de tratamiento de los ‘sandach' y de las inversiones necesarias para modernizar y adecuar las instalaciones de sacrificio suponen un paso en esa dirección. Pastrana explica que la partida de medio millón de euros se distribuirá de forma proporcional a la generación de residuos de cada matadero. Ciutadella será, por tanto, el que reciba la mayor cantidad, ya que asume la mayoría de los sacrificios insulares. En el caso de Maó, el Consell busca la fórmula adecuada de hacer llegar ese dinero al matadero. Lo sencillo sería firmar un convenio con el Ayuntamiento de Maó, al que invita —de hecho está trabajando en ello— a modificar las condiciones contractuales de la concesión del servicio.
El apunte
El Consell pone el foco al fin en las toneladas vertidas a precio de incineración
El Consell ha puesto finalmente el foco en las toneladas de residuos que se enterraron en 2018 en el vertedero de Milà y que, según los registros de los ayuntamientos de Maó y Ciutadella, fueron facturadas a precio de incineración. A pesar de que los informes técnicos que se trasladaron en primera instancia a la Fiscalía obviaban la presencia en las memorias del Consorci de Residus i Energia de 112 toneladas enterradas entre los meses de abril y junio de 2018, el departamento de Medio Ambiente ha terminado requiriendo información al respecto a la concesionaria de Milà.
Según explica el conseller de Medio Ambiente y presidente del Consorci de Residus i Energia, Josep Juaneda, el Consell reclamó a la UTE Es Milà que aportara todas las facturas que emitió durante esos tres meses. El objetivo es conocer si, como consta en los registros municipales, el tratamiento se cobró con tarifa de incineración a pesar de que se enterró. La concesionaria hizo llegar esa relación de facturas a la institución y esta la trasladó el pasado 16 de noviembre a la Fiscalía.
Desde la institución insular, que en el pasado pleno aceptó a propuesta del Grupo Popular reunir una gran cantidad de información complementaria para su remisión a la Fiscalía, están avanzando en el proceso de contratación de un auditor de cuentas oficial, que analice independientemente el gran caudal de información que se está generando sobre el caso Milà, para emitir informe al respecto.
Voluminosos
Por otra parte, el Consell también ha pedido explicaciones a la gestora de Milà por el material audiovisual publicado por este diario, en que se puede observar el vertido irregular de voluminosos (muebles, colchones, hamacas) y de poda al vertedero de Maó, sin haber sido tratados previamente. Por el momento no ha recibido informe. Se compromete a remitir a la Fiscalía la respuesta de la empresa.
Cabe recordar que la ampliación de información aprobada a instancias del PP en el pasado pleno, incluye registros completos desde que empezó la concesión en 2016 de multitud de cuestiones que podrían arrojar luz sobre el caso, como la admisión de residuos de los mataderos, las facturaciones, el gasto de combustible y funcionamiento del horno incinerador y las facturas de bidones para confinar las cenizas. El Consell se ha comprometido a recopilar todos esos datos en menos de un mes.