El matadero de Maó ha visto, en la remisión del caso Milà a la Fiscalía, una vía de salida para librarse del pago de las facturas que debe a la concesionaria del Área de Gestión de Milà por el servicio de incineración de sus restos de sacrificio. Lo explica Joan Pons, el presidente de la cooperativa Verge Monte Toro, la gestora del matadero municipal de Llevant, quien por consejo legal pretende comunicar al fiscal su situación de perjudicado por el cobro a tarifa de incineración de restos de animales sacrificados en sus instalaciones, que habrían sido depositados en el vertedero.
La cooperativa anuncia que recurrirá a esta estrategia después de reunirse con el departamento de Economía y Territorio del Consell y llevarse un chasco en relación a los 500.000 euros de ayuda anunciados por la institución. Lamenta que esos fondos no sirvan para hacer frente a la deuda que ha contraído hasta la fecha, que ya alcanza los 123.000 euros, sino para subvencionar los gastos de traslado y tratamiento de los ‘sandach' a partir del próximo ejercicio.
Desde el Consell consideran que no se pueden hacer cargo de los gastos de explotación de la concesionaria de un servicio del que además la máxima institución insular no es la titular, sino el Ayuntamiento de Maó. Desde el año 2017 ya ha venido concediendo ‘a dedo' ayudas crecientes para dar apoyo al matadero de Maó antes sus dificultades económicas, que se han hecho insostenibles desde que en marzo de 2021 el Consistorio dejó de hacerse cargo irregularmente de las facturas de traslado de los ‘sandach' e incineración en Milà a 840 euros por tonelada.
Una de las vías que se están explorando desde la administración para ayudar a enjugar las deudas de la gestora del matadero es la modificación de las condiciones del contrato (firmado en 2014 a 25 años) para compensar los sobrecostes producidos por la obligación de incinerar todos los restos de animales a unas tarifas que multiplican por 22 las que se pagaban por el enterramiento hasta 2016.