Ciutadella es el municipio que aglutina la mayor parte de los expedientes por alquileres turísticos ilegales que ha abierto este año el departamento de Ordenación Turística del Consell. Hasta mediados del pasado mes de noviembre eran ya 16 los propietarios de viviendas que habían sido sancionados a partir de las inspecciones realizadas lo que supone casi un 40 por ciento de los 41 que ha incoado este año, por el momento, el área correspondiente de la primera institución insular.
Le siguen a mucha distancia el municipio de Maó, con seis expedientes cerrados con sanción y Es Mercadal, con 5. Es Migjorn es el término municipal con menos expedientes abiertos, solo uno.
A falta de un mes para que concluya este ejercicio, Ordenación Turística prevé resolver otra veintena de expedientes todavía, que por tanto están a punto de cerrarse, lo que supondrá un incremento sustancial del 130 por ciento respecto a los 26 que se abrieron durante todo el año anterior. «Antes de final de año pensamos haber llegado a los 60 expedientes incoados», explica Francisca Teixidor, directora insular de Ordenación Turística, del Consell.
El incremento del número de inspecciones viene derivado por el crecimiento de la actividad turística en la Isla en relación a los años de la pandemia, y también en cierta medida por la incorporación de un inspector más que ha permitido acelerar el control, en todo caso aún muy limitado por la falta de personal para atender comunicaciones, denuncias o actuaciones de oficio.
Entre los 41 expedientes incoados, la mayoría -33- corresponden a infracciones consideradas muy graves por realizar los alquileres turísticos fuera de zonificación, es decir, la delimitación de lugares en los que no se pueden obtener nuevos permisos, los pueblos y urbanizaciones no exceptuadas y el campo.
Los ocho expedientes restantes tienen la categoría de graves y se abrieron por llevar a cabo el alquiler a turistas careciendo de la preceptiva licencia para hacerlo en esas viviendas. Se trata en este caso de inmuebles en los que se ha constatado la actividad ilegal en zonas donde sí se permite el alquiler turístico, principalmente las urbanizaciones que tienen esta consideración en el Plan Territorial Insular, con las excepciones puntuales de Fornells, Cala Mesquida, Es Grau, Es Murtar y Cala Sant Esteve.
De 40.000 a 400.000 euros
La cuantía de las sanciones va de 40.001 a 400.000 euros para las infracciones de carácter muy grave, mientras que las graves se sitúan en una orquilla entre las 4.000 y las 40.000, aunque esta tiene una subcategoría que va de los 20.000 a los 40.000. Por último, las infracciones leves tienen una sanción que oscila entre la advertencia y los 4.000 euros.
En el cómputo global de las sanciones muy graves, la cuantía de las multas impuestas por Ordenación Turística hasta mediados de noviembre alcanza la cifra de 1.320.000 euros. Las 33 infracciones han tenido la multa menor aplicable en esta categoría, es decir los 40.000 euros.
En cuanto a la suma de las ocho sanciones graves alcanza los 160.000 euros. También en esta división las ocho impuestas han tenido la cuantía de 20.000 euros hasta el momento. De esta forma la cuantía total de las infracciones por el alquiler ilegal se sitúa a falta de un mes para que acabe el año en 1.480.000 euros.
Esta cifra se va a ver incrementada con los 20 expedientes que se van a cerrar antes de final de año porque algunas de las infracciones van a tener una sanción mayor a la mínima que contemplan las muy graves, según fuentes consultadas por este diario.
Normalmente en una primera infracción la institución insular impone la cuantía más baja en la horquilla de la tipología de sanción según el régimen que marca la Ley Turística para las infracciones muy graves.