Balears es la comunidad cuyos residentes precisan de un mayor esfuerzo económico para la compra de la vivienda. Han de dedicar 16,4 años de sueldo íntegro a pagarla, más del doble de la media española, según la Sociedad de Tasación.
«Ese índice es el problema y no la ocupación», explica la portavoz de Podemos y consellera de Vivienda, Cristina Gómez, para quien en Menorca es algo residual puesto que la inmensa mayoría de casos no son violaciones domiciliarias sino usurpaciones de viviendas en poder de bancos o sociedades.«No defiendo ningún tipo de ocupación, pero sí me explico lo que pasa, y aquí no hay gente que entre en una casa y la ocupe cuando los dueños han ido a comprar el pan». Culpa a la derecha de haber hinchado esta burbuja que favorece, precisamente, a las empresas de alarmas. La solución pasa por topar el precio de los alquileres y frenar la compra de inmuebles por parte de extranjeros, afirma Gómez.
El planteamiento del PP difiere por completo en opinión de Lluís Camps, diputado balear. Según los datos de la cúpula del partido Balears es la segunda comunidad con más viviendas ocupadas, 8,3 de cada 10.000.Por eso recela totalmente de las cifras del Ministerio del Interior respecto al bajo número de denuncias en la Isla.
Si el PP gobierna cambiará la legislación para no repercutir impuestos sobre casas desocupadas o impedir que los okupas puedan empadronarse sin una documentación que acredite alquiler o propiedad. «Las ocupaciones las sufren quienes necesitan esos ingresos y no solo los grandes tenedores, torpedean a las clases medias y bajas».
La solución es la de todo a la vez: la calificación de terrenos para nuevas viviendas, la rapidez de las licencias de construcción, la tipificación de la okupación como delito, las medidas contra los que retienen la puesta en mercado, todo menos desafiar la ley de la oferta y la demanda.