Las enormes dificultades que plantea el mercado de alquiler por la falta de inmuebles disponibles y el encarecimiento de las operaciones de compra no se traducen en las denuncias por viviendas usurpadas o allanadas durante el último año en Menorca. Al contrario, las demandas por ocupación ilegal descendieron más del 50 por ciento en la Isla en 2022, a falta de completar los datos del último trimestre, en relación a 2021.
Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, de acuerdo con la información que reciben de la Policía Nacional y Guardia Civil, principalmente, reflejan una tendencia generalizada a la baja en todo el Archipiélago. El descenso es aún más acusado en Menorca ya que en Balears alcanza el 31 por ciento, lo que no quiere decir que reflejen con exactitud las ocupaciones existentes puesto que muchas de ellas no se denuncian. Las policías locales saben que se producen más ocupaciones en viviendas y locales cerrados que las que se dirimen en el juzgado en todos los municipios y, por tanto, no aparecen en los datos estadísticos.
En la Isla la mayoría de los casos denunciados corresponden a usurpaciones y no a violaciones domiciliarias de primeras viviendas que apenas tienen reflejo. Propiedades que han pasado a manos de bancos, la Sareb y fondos buitre, como sucede con el complejo de apartamentos Ses Canaletes, de Son Parc, residencias vacacionales vacías fuera de la temporada estival, además de dos viviendas del Ibavi, son las que sufren las ocupaciones que en ese supuesto solo están penadas con multas a las que los acusados no hacen frente al declararse insolventes.
Abogados consultados por este diario inciden en que los propietarios físicos de viviendas ocupadas, generalmente segundas residencias que rentan para obtener ingresos que mejoren la economía familiar, apuestan por el acuerdo con los okupas antes que abrir un proceso judicial por la vía penal, siempre más largo y costoso que cualquier otra solución.
El Govern atribuye el descenso de denuncias, en parte, al que también se ha producido en el censo de viviendas desocupadas de grandes tenedores obligados a comunicar si llevan más de dos años vacías y por tanto pueden ser expropiadas temporalmente, por lo que muchas se han puesto en alquiler. En Menorca pasaron de 216 en 2020 a 116 en el último censo. En la Isla hay unas 50.000 viviendas, 15.000 son de uso no residencial -principalmente turístico- y otras 5.000 están vacías, según datos ofrecidos por la consellera de Vivienda, Cristina Gómez, en un pleno reciente.
Cinco casos recientes
Cala Morell. Al menos cuatro personas okupan un chalé en la calle Águila, en el que han estabulado un caballo y además han puesto alarma. El propietario denunció la ocupación por vía penal y tuvo sentencia favorable pero los okupas han recurrido y mientras tanto continúan alojados en el mismo inmueble desde hace meses.
Sant Josep, Maó. Una propiedad municipal en la calle Sant Josep, solo utilizada para almacén debido a su mal estado, fue ocupada hace varias semanas por cinco personas que acudían preferentemente a dormir. Beneficiarios de los servicios sociales, se les dieron 10 días para que se marcharan y así lo hicieron, sin denuncia.
Es Castell. El propietario de una casa en mal estado, en la calle Sant Josep, su segunda residencia, se la encontró ocupada el pasado octubre.Los tres okupas le dijeron que la había alquilado a una tercera persona. Para evitar el trámite de la denuncia negoció con ellos para que salieran unos días después, una vez avisada la Policía Local y la Guardia Civil.
La Florida, Maó. Vecinos de la Avinguda La Florida, en Maó, han denunciado recientemente la ocupación de la caseta abandonada propiedad de la promotora de viviendas de la zona. El consistorio conoce la situación y recuerda que las ocupaciones en muchos casos responden a la caída del mercado del alquiler y el abandono especulativo de los propietarios.
Son Parc. El caso del complejo de apartamentos Ses Canaletes, de titularidad difusa, es el más flagrante de la Isla. Varios de los inmuebles llevan años ocupados sin que la justicia, debido a los vacíos legales haya servido para que sean desalojados. Propietarios incluso renuncian a alojarse en ellos por los problemas que generan.
es que ya no lo llaman ocupación es allanamiento de morada 😉