La nueva Ley de la Reserva de Biosfera de Menorca crea seis nuevos organismos y obliga al Consell a desplegar diez planes, pero no garantiza la financiación para su desarrollo. El diputado del Grupo Popular Juan Manuel Lafuente ha calificado este horizonte como «un desastre para los intereses menorquines». «Esta ley solo asegura los gastos mientras deja en el aire la financiación», ha denunciado.
Los populares han presentado una enmienda al artículo 77 de la ley para asegurar que el Govern transfiera al Consell de Menorca cinco millones de forma incondicionada. En la redacción acordada por los partidos de izquierda, la aportación del Govern es de 3,750,000 euros y en esta cantidad pueden incluirse actuaciones que la comunidad autónoma ya acomete con su presupuesto ordinario.
«En materia de financiación les han pasado bien el cepillo», ha señalado Lafuente, «el Consell no podrá decidir ni sobre la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible ni el canon de saneamiento, han hecho el negoci de na peix frit».
Limitación de vehículos
Sobre la posible restricción a la entrada de vehículos a Menorca, el Grupo Popular ha defendido que antes de plantearla hay que contar con un transporte público adecuado e invertir en infraestructuras, además de contar con los informes técnicos que leo avalen.
El PP critica que se regule con rango de ley algunos reglamenos, lo que en la práctica impide su modificación por el pleno del Consell de Menorca y obliga a recurrir para ello al Parlament. «Van de menorquinistas y al final van en contra de la autonomía de Menorca», ha afirmado.
Lafuente, que ha reconocido artículos positivos en la ley, ha asegurado que otros puntos son «declaraciones de intenciones totalmente inocuas» que parecen más bien «un programa electoral». Ha echado en falta que la norma no nazca con el mismo consenso de la declaración de la Reserva de Biosfera que tuvo lugar en 1993.