El presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), Antoni Alorda, mostró este miércoles su sorpresa por la noticia de que las obras en el agroturismo de Torre Vella, en concreto las siete piscinas sin licencia, sean legalizables e insistió en advertir de que el proyecto ya ejecutado «es inevaluable» por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, ya que la normativa estatal no lo permite.
En declaraciones a 'Menorca - Es Diari' Alorda fue aún más lejos y opinó que el agroturismo de Torre Vella debería suspender su actividad «como mínimo en todos los elementos que sean ilegales (aquí entrarían las piscinas), yo no digo qué alcance debe tener, pero que se utilice el conjunto de la instalación, sabiendo que no se adecúa a derecho, lo encuentro irregular y un mal mensaje», argumentó, «ahora bien tampoco vamos a fiscalizar».
No obstante Alorda insistió en que «tiene que haber una suspensión de la actividad hasta que todo esto quede regularizado en un sentido o en otro, porque si no sería lo de siempre, ir avanzando y pasando veranos», afirmó.
A quien le toca hacer cumplir es al Consell
Sobre si serán legalizables o no las piscinas, el elemento más controvertido del proyecto porque la comisión evaluó solo una y luego se hicieron siete, afirma que la circunstancia competencial en estos casos es «peculiar», ya que la comisión elabora su informe pero «nuestro paladín ambiental es el Consell, es el que tiene que hacer cumplir nuestras prescripciones», y las obras ya quedó claro, añade, que excedían de las condiciones de la declaración de impacto ambiental, «porque nuestra declaración se basó en un proyecto que no es el que se ha hecho, en determinados aspectos evidentemente».
Otro punto que subraya el presidente de la CBMA es que la ley estatal impide reevaluar proyectos ya ejecutados. «Es un problema añadido para la evaluación ambiental, hay una nulidad de pleno derecho», dijo, «y por tanto se ha de recuperar la situación anterior». La consecuencia es que «si presentaran una modificación del proyecto para que la evaluáramos, les diríamos que no podemos, nos mantenemos en la primera evaluación que hicimos del proyecto, en el que solo había una piscina, esta es mi primera impresión del caso», manifestó Alorda.
El Consell devuelve la pelota al Ayuntamiento
Por su parte, el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, explicó ayer que «el Consorcio no puede interferir en el proceso del Ayuntamiento pero si se da la licencia, deberá basarse en todos los informes». Desde el punto de vista del Consell, la pelota está ahora en el tejado del Consistorio de Alaior, que deberá informar a la institución de la concesión o no de los permisos y estos «deberán ajustarse a los parámetros de la declaración de interés general del Consell» y a las condiciones de Medio Ambiente.
Pastrana informó asimismo de que, mientras los promotores tramitan los proyectos para la legalización de las obras, queda en suspensión el expediente de sanción abierto por el Consorcio de Disciplina en Rústico, que suponía multas que sumaban casi 1,5 millones de euros.