El Estatut d'Autonomia de les Illes Balears ha sido determinante para que el Consell de Menorca sea hoy gobierno insular y su personalidad jurídica esté reconocida como institución propia de la Comunidad Autónoma. El Estatut cumple ahora cuatro décadas de un recorrido que había comenzado unos años antes, los de la transición y la construcción del estado descentralizado.
En la mesa redonda organizada en el Ateneu de Maó por el Parlament para conmemorar la efemérides que tuvo lugar este miércoles, los ponentes destacaron que el Estatut ha sido una herramienta clave para canalizar el gran cambio político registrado en este tiempo. Menorca ha mejorado su capacidad de decisión y el trabajo de los menorquines ha sido fundamental para alcanzar este hito.
Desde el célebre Pacte del Toro de 1977, que sirvió de inspiración para canalizar el primer texto del Estatut, hasta la reforma treinta años después a cargo de un equipo con Joan Huguet como coordinador y Joana Barceló, entre otros, la influencia menorquina resulta palpable. «Es un Estatut de segunda generación», según definición de Huguet, quien fue el vicepresidente del primer Govern balear con el Estatut vigente y, por tanto, responsable de su despliegue. En esta fase fue fundamental la redacción y aprobacion de la ley de régimen jurídico.
El jurista Josep Maria Quintana, el ponente con más visión técnica e histórica por haber participado en los primeros pasos del documento, destaca que el Estatut «es una consecuencia básica del proceso democrático acompañado de la descentralización del país». Desde que Adolfo Suárez, puso en marcha el cambio y «todos empezamos a aportar ideas, todavía no había Constitución», recuerda.
Entre esas, figura «una idea ilusa, la de autonomía para cada isla con una institución propia de Gobierno» que, sin embargo, ha sido materializada años después dentro de una arquitectura institucional que tiene sus primeros cimientos en aquellas ideas.
Josep Maria Quintana, jurista
«El Consell ha de ser la administración indirecta del Govern en Menorca»
Durante veinte años ha paseado el discurso de la doble condición que debía tener el Consell como administración local, que lo es previo al Estatut, y su reconocimiento como institución de la Comunidad, que se consolida en la reforma estatutaria de 2007, «era una idea obsesiva».
El gran paso para alcanzar un mayor grado de autonomía y convertirse en gobierno insular es, sin embargo, producto de las circunstancias electorales y el deseo de poder de Maria Antonia Munar, quien convierte Unió Mallorquina en clave del cambio político en 1999, facilita el primer Pacte de Progrés a costa de quedarse con la presidencia del Consell mallorquín. Un año después, la nueva ley de Consells otorga más capacidad a estas instituciones y la nueva estructura jurídica se consolida en 2007», recuerda Quintana, «gracias a ello ahora se ha podido elaborar la ley Reserva de Biosfera».
Joan Huguet | exvicepresidente del Govern
«¿Sería posible hoy un consenso como el que logramos entonces?»
Desde enonces el poder autonómico está repartido entre el Govern y los consells, pero falta un paso más, que estos «sean la administración indirecta del Govern en las islas», es decir, sin delegados del gobierno autonómico. Vicepresidente del Govern en 1983, el año del Estatut, Joan Huguet reivindica en primer lugar la figura de Francisco Tutzó, «uno de los artífices de la construcción autonómica» y actor principal de aquella etapa política. En una intervención basada en las anécdotas y que da idea del itinerario andado, pone el ejemplo de los primeros presupuestos de la Comunidad, 7.133 millones de pesetas, un importe inferior al del Ayuntamiento de Palma.
Destaca el desarrollo de todas las competencias que el Estatut otorga al ejecutivo regional «con o sin financiación, que ese ha sido un problema siempre independientemente del color político» y valora especialmente la aportación menorquina. «Ha sido la columna vertebral en la primera redacción y en la reforma de 2007», asegura.
De esta recuerda que el equipo que la llevó a cabo se habría plantado en caso de haberse cuestionado el despliegue de competencias previsto para los consells. Es en esta revisión cuando se apuesta defintivamente por un modelo de consells fuertes frente al anterior de un Govern con todo el poder.
Joana Barceló | expresidenta del CIME
«Competencias propias y capacidad reglamentaria han sido grandes pasos»
La identificación del Consell como gobierno de Menorca permitió el ejercicio pleno de competencias que llegaban incluso sin financiación. La definición de competencia propia y la capacidad reglamentaria fueron «dos grandes pasos» para el crecimiento del Consell, recuerda Joana Barceló.
Entre las transferidas como propias llegaron las de carreteras y transporte público, «pasamos varios años asfaltando por todo Menorca, las carencias eran notables, y demostramos que podíamos ejecutarlas», afirma en alusión a iniciativas tan novedosas como el jaleo bus o el bus a los partidos del Menorca Bàsquet.
Elogia el camino que ha abierto el Estatut, Menorca ha ganado porque permite «un mayor reequilibrio económico, dar más servicios al ciudadano y la planificación de nuestro territorio», dice.
Sobre la relación entre el Govern y el Consell, destaca que los mecanismos de coordinación establecidos legalmente entre ambas instituciones «son eso, no mecanismos de control, el Govern ha de ser y es colaborador del gobierno insular», comenta la expresidenta.
Joan Rita. Biólogo, profesor de la UIB
«Sin tener las competencias, se ha hecho un gran trabajo ambiental»
Joan Rita Larrucea, uno de los impulsores de la Reserva de Biosfera y coordinador de la misma en sus primeros años, valora el gran trabajo realizado en materia mediambiental al amparo de la administración autonómica. Destaca dos hitos, la ley de espacios naturales de 1991, «posible solo con el Estatut» y el PTI, consecuencia de la mayor autonomía del Consell y su capacidad reglamentaria, «que ha permitido consolidar las garantías de protección de la Isla». Señala que se ha realizado un gran trabajo ambiental «sin tener como propias estas competencias, es un déficit a corregir para mejorar los derechos ambientales», apunta.