La Oficina Anticorrupción fue creada en 2016 por el Parlament balear y depende orgánicamente de este. El informe elaborado sobre las DEM y la implicación observada sobre las dos personas afectadas es un «informe razonado que no declara de manera definitiva la existencia de responsabilidad ni la vulneración del ordenamiento jurídico ni decide sobre el fondo del asunto», según expone en las conclusiones de la investigación.
La decisión de darle o no más recorrido a la misma se deja ahora en manos de otras autoridades e instituciones. Entre estas, figura la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, a la que se insta a que impulse «los procedimientos administrativos» de la naturaleza que sea y de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Anticorrupción le da un plazo de tres meses a contar desde el 2 de febrero, fecha en la que recibió el informe para responder sobre las medidas que piensa adoptar.
En caso contrario, habrá de explicar los motivos que le impiden actuar de acuerdo con las conclusiones expuestas. Le recuerda el artículo de creación de este organismo (16.1) que le obliga a ello. Del resultado de su decisión se dejará constancia en la memoria de la Oficina, que habitualmente se presenta el 31 de marzo.
Tribunal de Cuentas
Una copia del informe es trasladado también al Tribunal de Cuentas, de ámbito estatal, que sí tiene capacidad para iniciar algún tipo de proceso sancionador relacionado con la responsabilidad contable o, en todo caso, con las irregularidades detectadas por Anticorrupción. También la Sindicatura de Comptes, origen de la información y la denuncia, recibe el informe.
Las conclusiones también se han hecho llegar al interventor del Consell, que lo es asimismo del IME, y al presidente y al Consejo Rector de este organismo.
Las dos personas investigadas, por su parte, no solo tienen información de las conclusiones sino que a lo largo de la investigación han sido informadas de la misma en varios momentos, tal como establece el protocolo de actuación de la Oficina.
Desde la creación de la Oficina Anticorrupción es el primer caso de investigación conocido referido a alguna administración de Menorca, aunque no acostumbra a dar publicidad de los casos.
La investigación del caso de las DEM ha sido relativamente rápida, comienza formalmente el 16 de noviembre de 2022, aunque la denuncia fue presentada en 2020, y concluye con el informe el 31 de enero
Las claves
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No hay declaración de responsabilidad
Anticorrupción expone los hechos investigados y considera que presuntamente hay un caso de fraccionamiento de contratos, pero advierte que se trata de un «informe razonado que no declara de manera definitiva la existencia de responsabilidad ni la vulneración del ordenamiento jurídico ni decide sobre el fondo del asunto», esto es, si conlleva algún tipo de delito o no.
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Tribunal de Cuentas, la principal amenaza
El informe ha sido enviado, entre otros organismos, al Tribunal de Cuentas. Este dispone de capacidad para abordar la posible responsabilidad y establecer sanciones o emprender otras vías. Es la principal amenaza contra una solución que puede pasar por la simple enmienda de las irregularidades.
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Investigación rápida para el primer caso de la Isla
La investigación ha discurrido con diligencia, se ha saldado en poco más de dos meses, y ha contado más con la documentación requerida por la Oficina que la aportada en la denuncia.