La presidenta del Consell, como ayer el vicepresidente e investigado en el caso de la investigación en el Institut Menorquí d'Estudis, considera que los hechos analizados no salen de la esfera administrativa. A pesar del tono coercitivo con el que se le requiere a tomar una decisión y el plazo de tres meses para comunicarla o justificar por qué no la adopta, su reacción es de calma.
«Lo que hemos hecho es cumplir aquello que se nos requiere, que básicamente, en el caso de Presidencia, es solicitar un informe jurídico con el fin de ver qué derivadas administrativas pueden tener los indicios que el informe menciona. Hay que recordar que de momento se trata solo de eso, de indicios de una supuesta irregularidad administrativa y, por tanto, los servicios jurídicos, dirimirán si realmente la ha habido o no y en función de lo que diga este informe se obrará en consecuencia», dijo ayer.