Ni una de las 21 reclamaciones que han presentado las empresas constructoras a los ayuntamientos y al Consell de Menorca para acogerse a los decretos estatal y autonómico de la revisión excepcional de precios en la obra públicas han sido aceptadas.
Así lo revela la Asociación de Constructores de Balears que ha analizado el devenir de las solictudes de las empresas presentadas en toda el Archipiélago. La patronal considera «indigno» el trato que reciben las empresas constructoras por parte de la administración y denuncia «nula solidaridad y empatía con los sobrecostes asumidos injustamente por las empresas» debido al aumento del precio de los materiales, por el incremento de la inflación, «no reflejado en los contratos». Y todo ello pese al compromiso adquirido por los consistorios ante la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib) de encontrar una solución a este problema que no solo ahoga a las empresas adjudicatarias de obras sino que hace que deje desiertas numerosas obras públicas, ya que las constructoras no quieren asumir más riesgos.
En los ayuntamientos de Menorca las empresas han presentado 19 solicitudes, y ninguna de ellas ha tenido respuesta. Por municipios, 10 se tramitaron ante el Ayuntamiento de Maó; 5 en Ciutadella; 3 en Ferreries; y 1 en Es Castell. Otras dos reclamaciones se han hecho ante el Consell de Menorca, una no ha tenido respuesta y otra ha sido rechazada. En el conjunto de Balears se han cursado 131 reclamaciones ante 43 órganos de contratación, de las cuales el 84 por ciento han sido ignoradas. De ellas 98 no han obtenido respuesta y 12 han sido rechazadas. Solo 21 se han aceptado, de las cuales 16 son del Ibavi, «la excepción positiva», destaca la patronal de los constructores.
Lo llevarán a la Justicia
Los constructores estiman que en todo Balears las pérdidas que deberán asumir las empresas por las obras que las administraciones no acceden a revisar los precios pueden ascender a los 6 millones de euros, por culpa de los sobrecostes. La asociación avisa que los contratistas presentarán demandas en los juzgados, al considerar que no han podido «obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratación del Sector Público», tal y como prevé el decreto estatal.
Sobre los decretos de revisión de precios, los constructores lamentan el fracaso del decreto balear, tumbado por el Estado, que hace que «centenares de obras se queden sin compensación porque ya estaban excluidas del decreto estatal». Y sobre el Real Decreto estatal alertan que este caduca en marzo, por lo que reclaman que se prorrogue el decreto y se dote de algunas mejoras, a la vez que exigen que la revisión de precios se incluya de forma estable dentro de la ley de Contratos del Sector Público. Advierten que de no hacerlo se «seguirá acumulando licitaciones desiertas», a la vez que recuerda que en el último año ya no se han podido adjudicar en Balears un total de 102 obras por valor de 96,4 millones de euros.
No os preocupéis que los constructores no van a perder dinero, ya se lo rebotaran al ciudadano por otro lado para compensar. Os propongo un pacto, ni ayuntamientos ni consell revisan precios, pero el dia de la inauguración ningun conseller@ o consejal@ o alcalde-@ se haca la foto. ¿Alguien compra?