El núcleo de hortales de Na Foradada, en Es Migjorn Gran, avanza en el proceso de regularización, el Ayuntamiento espera aprobar su plan especial antes de que finalice el mandato, cuatro años después de la aprobación inicial, pero esta es la excepción que confirma la regla dentro del problema urbanístico que suponen las edificaciones en distintos asentamientos en suelo rústico. Desde hace 20 años, cuando en 2003 se aprobó el primer Plan Territorial Insular (PTI), solo se han regularizado dos núcleos de hortales, Camp Sarc en Sant Lluís y Binicalsitx en Ferreries.
La regularización de Talatí de Baix en Maó y Binissaida en Es Castell sigue estancada, pese a que las respectivas asociaciones de propietarios presentaron hace años sus planes para que fueran declarados núcleos rurales. La situación afecta a entre 4.000 y 5.000 casas repartidas por toda la Isla, según calcula la Associació d'Hortals de Menorca, entidad que después de la ronda de reuniones que inició a finales de 2021 ve inviable que los propietarios de los diferentes hortales se pongan de acuerdo para impulsar los planes necesarios para su regularización, y reclama que estos sean asumidos por la Administración.
La revisión del PTI sigue pendiente de aprobación definitiva por lo que, a efectos legales, está vigente el plan de 2003 modificado en 2006. Este hecho afecta a la aprobación definitiva del plan especial de Na Foradada, ya que ha sido retornado por el Consell al Ayuntamiento, que debe ahora adaptar sus Normas Subsidiarias (NNSS) al PTI para dar luz verde al plan del núcleo. «Una vez que las tengamos adaptadas, calculamos que después de Pascua, el plan irá al pleno, los vecinos llevan muchos años esperando», afirma el concejal de Urbanismo, Ramón Verdú. Las NNSS se adaptarán al PTI de 2003 «y punto», declara, «es el que está vigente, estamos hartos, ya teníamos trabajo hecho para adaptarlas al nuevo». Verdú también critica que en 2019, cuando los vecinos fueron a hablar con los representantes municipales, el plan «llevaba siete años en un cajón».
La Figuerenia es la otra zona de parcelaciones en rústico de Es Migjorn Gran cuya regularización se propone impulsar el Consistorio, con reuniones entre vecinos. Ese entendimiento entre propietarios no es fácil. La presidenta de la Associació d'Hortals, Dolors Martínez Bosch, vecina de Sa Llegítima en Ciutadella, afirma que ellos han logrado movilizar a la mitad de los vecinos y han iniciado el proceso para constituir una asociación y presentar así su plan especial, pero tras registrar los estatutos en el Ayuntamiento en octubre de 2022, «por si había que modificar algo», aún no han tenido una respuesta oficial. «Existen realidades muy diferentes dentro de cada núcleo», explica, «y no se consigue aglutinar al 51 por ciento de vecinos que contempla la ley para el rústico».
Algunas de estas zonas ya tienen constituidas asociaciones para gestionar cuestiones como el abastecimiento de agua «pero no entidades urbanísticas para llevar adelante un plan especial, es algo costoso, hay gente que no quiere contribuir porque pagando IBI y basuras creen que deben ser los ayuntamientos los que lo asuman». La casuística es tan diversa que la presidenta de la asociación es pesimista, «esto no tiene salida y la actitud de algunos ayuntamientos tampoco nos ayuda nada, siempre somos los infractores y no salimos de ahí, estamos en una situación de indefensión para hacer cualquier arreglo y sin embargo, pagamos impuestos», asegura.
XiscoSeñor Cardona? Ciertamente, la problematica de las residencias en suelo rústico (que no de los auténticos hortals) se ha generado desde hace muchos años ante la pasividad de todas las administraciones locales y ha acabado resultanto de muy difícil solución. En primer lugar, porque harían falta modificaciones legales (con rango de ley) para ello. Y debería preguntarse porque los propietarios afectados no se han acogido a las posibilidades de normalización/legalización que les ha conferido la normativa (régimen transitorio de la LOUS o PTI) razón que, en definitiva, se vislumbra en la propia notícia del Diari. Y se lo diré, porque la mayoría de propietarios de los diferentes nucleos no tienen ningún problema y someterse a un plan especial o a una normalización, les llevaría a tener que admitir renuncias y/o restricciones. De ahí que resulte prácticamente imposible que los ayuntamientos puedan tomar la iniciativa. Los propietarios que tienen problemas deben ser los que han sido "pillados" por el Consorcio en rústico o cuyas obras no han prescrito aún. Permítame que le diga, como vecino que se ha tenido que someter a las normas urbanísticas cuando ha tenido la ocasión y la suerte de construir su vivienda, que sólo faltaria que lo que resultan ser auténticas residencias sin autoritzación no pagaran IBI ni la tasa por la recollida de residuos. Debería saber que el catastro refleja una realidad, no la legalidad. Gracias por exponer cual es la postura de Vox ante este tema, que, como en otros, en mi modesto entender parte de un profundo desconocimiento y solamente persigue un puñado de votos. Aunque estoy seguro que los afectados no son tan ilusos de creer que está en sus manos la solución. Por mi parte, una razón más para no votarles.