El PTI fue aprobado en abril de 2003, un mes antes de las elecciones de aquel año. La revisión del planeamiento insular que se ha llevado a cabo en los dos últimos mandatos debía culminar también con la aprobación definitiva en abril de 2023, pero la falta de del informe de Costas impide confirmar que será así.
Dicho informe «está o ha de estar a punto de ser entregado», declara el conseller Josep Pastrana. Las administraciones que han de emitir informes externos al PTI disponen de seis meses para hacerlo y el Consell los solicitó en septiembre del año pasado, ya ha transcurrido el plazo. El de Medio Ambiente, uno de los más exigentes, ya se ha recibido y el equipo redactor trabaja en las adaptaciones emanadas de esa comisión, «aunque no hay ningún cambio sustancial», precisa el conseller.
La idea del equipo de gobierno era repetir el calendario de 20 años atrás y llevar el documento a aprobación definitiva, con todo el significado político que conlleva, antes de mayo. Se considera que abril es el último mes realmente hábil para el debate institucional antes de que el clima electoral lo invada todo.
Sin embargo, no se descarta que pueda convocarse un pleno extraordinario a finales de este mes o incluso en mayo con ese único asunto, si los plazos impiden hacerlo antes. Mientras llega Costas, se está trabajando en paralelo con las prescripciones del resto de administraciones.
Los pasos siguientes son el análisis del documento final por parte de la Comisión Técnica de Urbanismo y de la Comisión de Economía y Territorio, ambas dependientes del Consell, que es el primer interesado en cumplir en el tiempo previsto.
Hay que recordar que en el pasado mandato, el equipo de gobierno estuvo a punto de llevarlo a aprobación poco antes de las elecciones de 2019 y finalmente quedó postergado. La realidad muestra ahora que han sido necesarios otros cuatro años y que también se llega, por voluntad política o imposiciones técnicas, al último minuto.
Normativa edificación
Sobre los criterios de edificabilidad contenidos en el PTI, Pastrana señala que se mantienen los parámetros y que deja margen a los respectivos planeamientos municipales para una definición más concreta. «Solo regula la densidad y alturas máximas, el desarrollo queda en manos de los ayuntamientos», apunta.